Revista de Prensa

Asturias

Una sociedad de cazadores impugna la futura reserva regional de Amieva

Los problemas y la gestión de la caza en el concejo de Amieva, un espacio de 7.300 hectáreas, van para largo. El pasado 4 de enero, el Principado anunciaba un periodo de información pública de un mes para la declaración de la reserva regional de caza en el concejo y, dentro del mismo, la asociación de cazadores Sierra de Borde, presidida por José María Álvarez Guisasola, formulaba un escrito de alegaciones solicitando la nulidad de la propuesta.

18/02/2018 | El Comercio Digital | GUILLERMO FERNÁNDEZ

Una sociedad de cazadores impugna la futura reserva regional de Amieva Este miércoles, a las 12 horas, representantes del colectivo Sierra de Borde ofrecerán una charla-coloquio en el Ateneo de Sames y durante la misma darán «información técnica, jurídica y cinegética» con el fin de justificar la impugnación realizada.

Desde el 26 de agosto de 2011, hasta el mes de junio de 2017, la gestión de la caza en Amieva corrió a cargo de la asociación de cazadores Río Melón y con anterioridad los derechos cinegéticos del concejo estuvieron tutelados por la asociación Sierra de Borde. Los socios de Río Melón aprobaban su disolución hace ocho meses, después de «una nefasta gestión con la aquiescencia de la consejería», según apunta el texto de la impugnación, y a lo largo de la presente temporada no se cazó en Amieva.

Precisamente, en el desconocimiento de la gestión realizada por Río Melón radica uno de los principales motivos argumentados por Sierra de Borde para impugnar la transformación del coto de Amieva en Reserva Regional. En la alegación explican que esa gestión «no goza de transparencia y claridad» y aseguran que «se desconoce el control y la vigilancia llevada a cabo por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente». Tras dar por sentado que no se sabe si pagaron los daños causados por especies cinegéticas, si a la consejería le consta la renuncia de Río Melón con informes técnicos y jurídicos, si los guardas cobraron sus salarios o si se abonó el canon cinegético, desde Sierra de Borde afirman que «el presidente de Río Melón y exalcalde socialista de Somiedo, Aurelio Álvarez Arias, ha venido gestionando el coto a su libre albedrío, incumpliendo sistemáticamente el pliego de condiciones, y así, por ejemplo, sin supuestamente resarcir los daños ocasionados por las especies cinegéticas a los afectados».

Detallan en las alegaciones que a tenor de la Ley de Caza y su reglamento, el aprovechamiento cinegético de los cotos debe ser regulado por el órgano competente en la materia. Y por esa línea denuncian que «la responsabilidad de la Consejería resulta patente: No se abonaron los daños, tres guardas fueron despedidos y se permitió seguir cazando», indican.

Los alegantes concluyen que «ante la acción de la sociedad adjudicataria del coto de Amieva y la omisión de las funciones que le son propias por parte de la consejería, el coto se ha convertido en un cortijo, llegando a una situación alarmante, sabida, conocida y permitida por los responsables del Principado, que ahora pretenden tapar u ocultar con los envenenados beneficios que una Reserva Regional de Caza llevaría para el concejo, toda vez que de proceder a convocar un procedimiento para su adjudicación pudiera ser que se destapasen las continuas supuestas ilegalidades que se han venido cometiendo con el consentimiento de la consejería».
«Sin justificación técnica»

Otros motivos para formular la impugnación hacen referencia a la falta de motivación de la propuesta, la errónea delimitación de los terrenos, la existencia de una asociación con experiencia, como Sierra de Borde, y la infracción al procedimiento legal vigente, apartado éste en el que se hace hincapié en que «no consta justificación técnica ni jurídica» que avale la creación de una Reserva Regional de Caza en Amieva. También echan en falta «la ausencia de planes de gestión y de desarrollo sostenible, así como de una memoria económica».

Con un discurso muy diferente, representantes de la Consejería acudieron a Sames el pasado 24 de enero para presentar un panorama completamente distinto. Trasladaron a ganaderos, cazadores y vecinos que la Reserva dejaría 30.000 euros de canon cinegético en las arcas del Ayuntamiento y que serían de cuenta del Principado la gestión del territorio a efectos de caza, el pago de los daños en los cultivos y la vigilancia del espacio. Y prometieron a los cazadores locales que suyos serían el 36% de los recechos y el 47% de las batidas.

« Ver más noticias