Los rehaleros sorianos piden el apoyo de todo el sector cinegético

Durante varios meses el SEPRONA ha realizado inspecciones en perreras de la provincia, con el fin de controlar los cortes de orejas y rabos en los perros. Además, se ha tratado de verificar también que los perros de rehala se encuentren en unas condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, que se les proporcione alimentos y agua, que cumplan con los tratamientos sanitarios y de vacunación obligatorios y que se encuentren identificados mediante el correspondiente microchip.

Una campaña de acoso

Pero para la Asociación de Rehalas Regionales (ARRECAL) el objetivo de esta Operación «con tintes animalistas» no es otro que «imponer un castigo ejemplar a un colectivo que siempre ha destacado por ser escrupuloso en el cumplimiento de la normativa», según palabras de su presidente.

Una situación de «acoso y derribo» por parte de la Fiscalía y las Administraciones a las que ARRECAL ha respondido con un comunicado en el que señala:

1. No cazaremos en la provincia de Soria, en ninguna batida, gancho o montería, hasta que no se retire la campaña de acoso hacia el colectivo, auspiciada por sentimientos de odio y de desprecio hacia lo que representa la caza mayor con perros y sus prácticas tradicionales.

2. No hay nada que celebrar: El odio y la obstinación hacia los rehaleros continua, auspiciado por populismos animalistas y contra todo lo que representa el mundo rural […], más de una década soportando constantes ataques y cambios normativos hacia nosotros y por el manejo que hacemos de nuestros perros de caza […]

3. Exigimos respeto por nuestra actividad, el mismo respeto que el habitante urbano consigue hacia sus mascotas y en general en la tenencia de animales domésticos, sin agravios.

4. Los derechos que nos asisten son los que ganamos en siglos de actividad y en libertad. No admitiremos injurias de parte de quienes pretenden despojarnos con coacciones y amenazas, ya que lo único que pretenden es la prohibición total de nuestra actividad.

5. Sabemos que es lo mejor para nuestros animales, nos quieren imponer con el terror de las inspecciones y medidas judiciales el abandono de lo que hasta hoy es una forma de entender la vida.

6. La crueldad de quienes defienden a los animales se manifiesta en ataques personales, contra el honor y amenazas personales, concentrados en todos aquellos que practicamos cualquier actividad del mundo rural.

7. Nos juzgan los mismos que permiten ataques degradantes hacia el honor de las personas, en redes sociales y medios de comunicación en general, causando daños irreparables. Permitiendo ataques de odio y personales que nunca llegan a juicio.

8. Agradecemos a sindicatos agrarios como ASAJA y UPA de Soria que entiendan nuestros problemas y que nos apoyen, al igual que muchas orgánicas, agricultores, monteros y entidades cinegéticas que ya se están manifestando en redes sociales.

Entrevistamos a un propietario de rehalas afectado que prefiere permanecer anónimo

—¿Podría contarnos cómo ha sido su caso?

—Había comprado un alano español en mayo del año pasado (2017), en el País Vasco. El perro tenía las orejas recortadas, no obstante venía con todo en orden, su microchip, las vacunas e incluso el recorte de orejas vería indicado y sellado por una clínica veterinaria en la casilla correspondiente de su cartilla.

En abril de 2018, el SEPRONA vino a hacerme la correspondiente inspección del núcleo zoológico. Me pidieron el certificado veterinario de todos los perros que tuviesen las orejas recortadas. Les presento todos los certificados, pues son perros criados en casa y operados por mi veterinario. Pero les explico que del alano no tengo el certificado, pues lo compré ya operado pero en su cartilla viene reflejado y está sellado por una clínica veterinaria del lugar de donde lo traje.

Comenzaron a sacar fotos de todos los perros operados, incluido el alano. En julio recibo notificación de expediente sancionador de la Junta de Castilla y León por maltrato animal, por no haber presentado el certificado de ese perro y se me acusa de practicar mutilación a un animal con sanción comprendida entre 3.001 euros a 30.000 euros.

—¿Qué medidas ha tomado? ¿Ha podido presentar alegaciones?

—En estos momentos, mi familia y yo estamos a la espera de resolución. Presentamos alegaciones con el abogado de ARRECAL, en la que se presentan pruebas de que el perro ya venía con las orejas recortadas antes de estar puesto a mi nombre: cartillas con fechas y sellos, documentación del cambio de propietario, además de una fotografía del perro anterior al cambio de propietario.

A principios de agosto recibo una segunda carta de la Junta de Castilla y León en la que se me comunica la apertura de un periodo de prueba de diez días, en la que me piden una prueba fehaciente de cesión del animal, un informe de sanidad animal sobre mis alegaciones y un informe a los agentes de SEPRONA que realizaron al inspección y denunciaron. He aportado el papel de cambio de titularidad firmado por el anterior propietario y por mí, que mi veterinario conservaba, y una copia de registro de identificación animal del País Vasco en el que se detalla que ha estado registrado allí pero que ahora está dado de baja por traslado a otra comunidad.

Hablamos en exclusiva con Felipe Vegue, presidente de ARRECAL

Según palabras de Vegue, «necesitamos que todo el mundo manifieste su apoyo ante la injusticia a la que se está sometiendo a los rehaleros sorianos, no importa si es mediante manifestaciones públicas, en medios de comunicación o mediante las redes sociales. Cualquier apoyo será bueno para que antes del día 23 intentemos que la Fiscalía reconsidere su postura ante nosotros. No quiero mesura en mis palabras; hay que levantar la voz y que nos escuchen, no somos delincuentes y no nos pueden tratar como tales por nuestra afición, por nuestra forma de vida». Así ha solicitado para la iniciativa #huelgarehalera, #rehalerossorianos, #esteañonocazamos que el resto de rehaleros españoles se sumen y no cacen esta temporada en la provincia de Soria y ha reclamado el apoyo público a las sociedades de cazadores, a las Federaciones y al resto de empresas relacionadas con el sector.

Además, ha pedido que se consideren a los perros de rehalas como perros de trabajo y no como animales de compañía y que se seguirá solicitando diálogo y entendimiento para que dejen de hacerse leyes sin tener en cuenta al sector implicado.

«Ninguna ley nos obliga a cazar»

Al igual que ya ocurriera en la provincia de Huelva hace dos años, la asociación señala que «parece que cuando no se quiere oír nuestras razones, el único recurso que queda para que se valore la importancia y necesidad de las rehalas, es ejercer nuestra libertad de decidir sobre nuestra afición. Ninguna Ley nos obliga a cazar y menos cuando se está atentando a diario contra la dignidad de los rehaleros».

Un abogado especialista en la cuestión: Santiago Ballesteros

«El principal problema es que tanto Fiscalía, como Administración y por ende SEPRONA, pretende enfocar como delito de maltrato animal algo que no lo es», ha expresado.

Nos comenta que existen dos frentes abiertos que únicamente han servido para generar un ambiente de confusión generalizado. Uno a nivel del Código Penal, al intentar enfocar como delito el corte de ojeras y rabos, intentando meter con calzador en el Código Penal un delito que no está tipificado como tal, ya que en su en su artículo 337 considera como delito de maltrato animal las conductas que causen lesiones o muerte a un animal, con menoscabo grave para su salud.

Mientras que en Castilla y León, los cortes de orejas y rabos en perros, según la normativa (Ley 5/1997 de protección animal de compañía y el Decreto 134/1999 de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley), están prohibidos, a excepción de si se hacen contraladas por veterinarios en caso de necesidad, por exigencias funcionales o para mantener las características propias de la raza.

El otro frente esa a nivel de la normativa autonómica, en materia administrativo-sancionadora, generando un ambiente de psicosis y alarma social debido a las condenas que se pretenden imponer.

Por el contrario a la interpretación del Convenio que Administración y Fiscalía han hecho en la provincia de Soria, en exclusividad, fuentes veterinarias nos han manifestado que una intervención realizada por un veterinario en unas condiciones normales es imposible que suponga un menoscabo grave o lesiones que puedan integrar el concepto del tipo penal del maltrato animal. Se trata de intervenciones menores que además resultan útiles y pertinentes desde el punto de vista de la vida animal y su actividad.

La AER se suma a la decisión de ARRECAL de no cazar en Soria

Tras el comunicado emitido por la Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad (ARRECAL), en el que se hace pública la decisión de sus asociados de no cazar en la provincia de Soria, la Asociación Española de Rehalas se ha sumado por solidaridad a la protesta de los rehaleros sorianos.