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Juan Antonio Sarasketa

El Luchadero

Juan Antonio Sarasketa

Presidente de honor de la Oficina Nacional de la Caza.

Los cazadores acusan

Como no podía ser de otra forma, el asesinato de dos agentes rurales por un tipejo que estaba cazando con una escopeta sin tener licencia de armas ni autorización del acotado en cuestión supuso en el colectivo de cazadores un impacto de tal magnitud que nadie daba crédito a semejante barbaridad.

04 feb. 2019 - 1.435 lecturas - No hay comentarios

Y es que el hecho de llevar una escopeta no supone ni mucho menos llamarse cazador ni nada que se le parezca. Tal es así que rápidamente la Oficinal Nacional de la Caza, por medio de su abogado Santiago Ballesteros Rodríguez, decidió personarse entre otros como acusación particular en el juicio para que se aplique la ley con la máxima dureza que este acto conlleva. Amén de transmitir su más sentido pésame y respecto hacia los familiares de los agentes.

Así las cosas hace unas semanas el jurado popular dictaminó en la Audiencia de Lleida que Ismael Rodríguez vecino de Vacarisses (Barcelona) era culpable de dos delitos de asesinato con premeditación y alevosía. Emitido el veredicto en base a lo que el jurado popular ha considerado probado, la fiscal ha solicitado 45 años de cárcel al margen de las oportunas indemnizaciones económicas, pese a que el acusado pedía que los hechos se calificaran como homicidio y no como asesinato (diez años más de prisión) alegando trastornos mentales, que fueron descartados por los médicos especialistas.

Conozco un poco a los cazadores, incluso a muchos extranjeros, y créanme que un espécimen de este tipo es algo inédito en el colectivo.

Cambiemos de tercio. Al parecer no está muy contento el Gobierno con los cazadores porque lo que en un principio estaba consensuado en el borrador del nuevo Reglamento de Armas Deportivas se ha transformado después de las elecciones en Andalucía en un sinfín de normas que ha puesto en pie de guerra a los cazadores al ver en la modificación de la normativa una pérdida de derechos por parte de los usuarios de armas de caza y tiro y la implantación de un régimen sancionador muy duro, sin igual en ningún otro país europeo, una pataleta más del Gobierno.

El malestar generado ha llevado al Presidente de la RFEC a solicitar a todas las Federaciones Autonómicas y Provinciales y a los cazadores de a pie a mostrar su descontento, presentando alegaciones al borrador.