Maltrato animal: La reforma del Código Penal que cocina el Gobierno

¿Cómo se cocina una reforma del delito de maltrato animal?


Se crea una Dirección General de Derechos de los Animales; se pone a dedo al frente de la misma a un podemita de cuota, Sergio Torres; se le dota de 80.000 euros de sueldo y un presupuesto de 4,6 millones de euros con los que se riegan (con abundancia) sus iniciativas; se añaden unas campañas sensacionalistas, en las que se inflan las cifras de maltrato animal, de abandono de los animales; una vez bien pochado todo esto, se mezcla con un toque de violencia machista, asociando maltrato animal a maltrato a las mujeres (proyecto Viopet); se hace una comparecencia de Ione Velarra e Irene Montero y se dice que «el 54% de las víctimas de violencia machista no quiere abandonar el domicilio conyugal por perder a sus mascotas»; no olvidar ligar animales a sentimientos humanos, de familia y poner una foto de un perro con cara de lástima en un cartel de una campaña; se adereza todo con dinero público de forma generosa y comparecencias en medios apesebrados.

Se sazona todo con una foto lastimera de un galgo; tras preparar una futura Ley Nacional de Bienestar Animal, se repite una y otra vez que el maltrato animal sale gratis y se dice que hay un consenso en acabar con esta impunidad. Importante añadir la palabra lacra. Una vez hecho todo, se deja en el horno con el resto de modificaciones de delitos que prepara el Ministerio de Justicia. Una vez bien cocinada la reforma del delito de maltrato animal, se sirve en comparecencia ministerial a bombo platillo y se dice que es un salto para la humanidad, repitiendo hasta la saciedad que es un logro de este Gobierno y de todos y todas. Y se queda uno tan ancho.

Basta revisar la página de la Dirección General de los Derechos de los Animales, de reciente creación, para leer entre líneas que este será sin duda el resultado más o menos; mezcla de animalismo, feminismo, y derechos sociales que se mezclan en las comparecencias de Ione Velarra, Irene Montero y Sergio Torres, el Dian Fossey perruno.

Por sus tweets los conocerás. Pese a su maquiavelismo, les es difícil disimular que pretenden crucificar, mandar a galeras, guillotinar civilmente a todos aquellos que, por acción u omisión, por dolo o imprudencia generen algún daño a sus animales. Hasta tres años de prisión, hasta ocho de privación del derecho a tener animales (ni siquiera un grillo supongo) y la extensión del delito de maltrato de animales a todos los animales vertebrados. Me pregunto si se podrá matar un pollo de corral, un cabrito o un conejo de un pescozón. Me pregunto dónde queda la proporcionalidad y si se pretende equiparar la lesión causada a un ser humano con la de un pollino.

La reforma que ansía un sector del Gobierno en este delito es un talibanismo animal sin precedentes. Es la nueva Inquisición. Una nueva suerte de fundamentalismo que mezcla derechos de los animales, con feminismo del más rancio, con lenguaje inclusivo, y violencia machista. Un pisto jurídico-ideológico en el que todos los ingredientes del mantra más sectario de la izquierda rancia y cainita caben.

Los partidos de la oposición, todos sin excepción, tienen la obligación de parar este disparate jurídico. Una reforma sin justificación real que lo que pretende es dar aún más poder a protectoras, animalistas y acogotar más aún a todo ser humano que se relacione y trabaje con los animales. Que Sergio Torres diga que «se manejan cifras de 1.000.000 de abandonos de perros y gatos anuales» es simplemente una golfería, otro de sus excesos que le salen gratis y que le permiten seguir intoxicando a la opinión pública con los millones de euros que engordan parte del déficit público y seguir cobrando los 80.000 representando del papel del Ghandi de los perros.

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