Cuando la justicia es un cachondeo

Fue Pedro Pacheco, alcalde de Jerez de la Frontera, el que hizo famosa la frase «la justicia es un cachondeo» tras conocer la decisión judicial de suspender el derribo del chalet de Bertín Osborne.


Y eso es lo que he pensado yo al leer que a cuatro furtivos de Guadalajara que abatieron 162 piezas de caza mayor se les condena a pagar una exigua multa de 360 euros. No es que me asombre de nada, ni siquiera en materia de justicia, pero la pena, por ridícula, hiere la sensibilidad. Causa estupor. A 2,20 euros la pieza. Desconozco los entresijos del pleito, las entretelas del juicio, los detalles por los que la Fiscalía ha llegado a un acuerdo de saldo y liquidación, que ha llevado la pena de cuatro años inicial a 360 euros. Sea como fuere, el resultado raya el esperpento. ¡Menudo chollo!, me dice un cazador amigo, empleado de Carrefour.

El mismo chollo que le ha tocado a la detenida en Tomelloso en 2019 por propagar el odio en las redes frente cazadores, taurinos, policías y guardias civiles y frente a la que la directiva de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha decidió ejercer la acusación. Se la investiga por proferir expresiones injuriosas y vejatorias y propaladoras del odio como «salva una vida, mata un policía; policía bueno, policía muerto», «policía terrorista, policía asesina…» y otras perlas. Y lo mismo con cazadores y taurinos. Y digo chollo, porque desde el minuto uno el Juez instructor ha negado el pan y la sal a la acusación. Y porque también el Juez instructor ha acordado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Considera, en pleno debate sobre el discurso del odio por el encarcelamiento Pablo Hasel, que las expresiones de esta moza no son penalmente relevantes en el contexto social actual. Dicho de otra forma, que hay patente de corso para decir lo que se quiera en las redes, incluidos estos disparates que incitan al asesinato, a la violencia y que, como vemos en Barcelona, desembocan en algaradas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad hoy, y a los cazadores cualquier día. ¿De verdad estos hechos merecen la impunidad? Pese a la oposición del Juez instructor, la Federación de Caza ha pedido su procesamiento y llevará la acusación hasta al final. Le pese a quien le pese. Le duela a quien le duela.

Hace años que las federaciones de caza y la Oficina Nacional de la Caza vienen instando a las instituciones a poner pie en pared frente al discurso del odio. La libertad de expresión no cobija expresiones como las referidas. Para nada. El debate sobre los límites de expresión está en la calle, pero también está en el ambiente una intolerancia cada vez mayor a los odiadores. Existe un hartazgo cada día más grande frente a quienes han convertido la libertad de expresión en un kalashnikov desde el que disparar al bando por el mero hecho de ser policía, torero o cazador. No sé a qué espera el Parlamento para coger el toro por los cuernos y no sé qué hacen los partidos para abanderar la defensa de la libertad y la dignidad de quienes son atacados por estos terroristas verbales que lapidan en las redes y linchan desde el anonimato de una IP de ordenador.

Pero mientras el Parlamento se sigue tomando su tiempo en embridar a los odiadores a través de leyes eficaces que frenen la espiral de violencia que se alimenta en las redes, evitemos que la justicia a veces parezca un cachondeo y todos, jueces, fiscales y abogados, intentemos que matar un ciervo furtivamente no salga por 2,20 euros o que incitar públicamente a asesinar policías o guardias civiles salga gratis. La impunidad no es un camino.

 

Este artículo se publicó originalmente en la página web de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha.

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