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Por Derecho

Santiago Ballesteros

Caza en Castilla y Leon: el auto de prohibición de la caza y algunas reflexiones

Que mediante una medida cautelar y auto, un Tribunal, por muy superior que sea, se cargue la caza la región con más extensión de España no deja de ser un sinsentido; que la voluntad de dos jueces, se imponga sobre la del poder legislativo en un auto cuestionable por su motivación (con un durísimo voto particular de uno de los magistrados), no deja de ser el mundo al revés.

24 abr. 2019 - 2.253 lecturas - No hay comentarios

Que dos jueces del TSJ, cuestionen la idoneidad de los fundamentos técnicos de todo el acervo de técnicos de la Junta de Castilla y León me parece un esperpento. Funcionarios son unos y otros. Y funcionarios de la Junta y jueces, sirven al mismo objetivo, el interés general.

Que en la tierra de Miguel Delibes se prohíba la caza, con gran alarma social, parece un chiste. Una broma pesada. Una viñeta de El Jueves o un chascarrillo de Joaquín Reyes. A grandes males, grandes remedios. La Junta, que sin duda conocía el riesgo y la posibilidad de ese auto mucho antes de que se airara a la prensa, tenía un plan b que, de momento, ha permitido que cazadores de toda España puedan acudir a la llamada del corzo. Me consta que la Federación de Caza de Castilla y León ha trabajado mucho para que esto fuera finalmente así.

Pero el peligro no ha pasado, el verdugo, sigue con el hacha en la mano. El mismo Tribunal que dictó el auto en el procedimiento de medidas cautelares que es una parte del procedimiento principal, tendrá que decidir sobre el fondo del asunto: ¿está o no justificada técnicamente la caza y Castilla y León?, ¿son suficientes son los datos manejados por la Junta y por sus funcionarios?, ¿quién establece esta medida?, ¿los técnicos, los jueces o el poder político? Las piezas están en el tablero. Los precedentes no son buenos y quienes conocen de largo cuestión cuestionan la imparcialidad del Tribunal y critican su escoramiento hacía el lado verde de las cosas. Hay quienes abiertamente hablan de prevaricación, inconscientes de que las dificultades probatorias de la prevaricación y de las dificultades de aplicar este delito a unos jueces que más o menos motivadamente, han dictado el auto que abrió la caja de Pandora.

Desde luego a un PACMA en campaña, con la decisión del TSJ le ha venido Dios a ver. A Silvia Baquero, una política en definitiva, la decisión judicial le ha dado el altavoz y el argumento para salir en todas las televisiones y hacer campaña a favor de lo suyo. El auto, en sus manos, ha sido como un ariete con el que arremeter en las audiencias, en los telediarios, alardeando de una pieza cobrada sin esperarla y sin apenas esfuerzo.

La decisión del TSJ de Castilla y León, introduce una reflexión en el debate: ¿es legítimo que un par de jueces puedan sustituir la voluntad popular e imponer su decisión sobre la de todo un cuerpo de funcionarios, técnicos y representantes políticos de una comunidad?