Agricultura dulce

Llevamos hablando de venenos ilegales mucho tiempo y ya se conoce mi opinión. También la que tengo sobre la aplicación de venenos legales, que es de lo que voy a hablar de nuevo hoy, porque tengo recientes dos casos: un envenenamiento por fumigaciones y un estudio que también es contundente sobre cómo envenenan las semillas agrícolas.


Nos quema que la peor química (uno es del oficio), se haya puesto al servicio del delincuente, sea cinegético, agrícola o ganadero. Hoy no voy a seguir hablando de los canallas que emponzoñan cebando con dosis desorbitadas de plaguicidas, Aldicarb, órganofosforados, Folidol, Carbofurano, etc. Tampoco de la consejera de agricultura de esta tierra de Castilla y León, Silvia Clemente, protagonista principal en el reparto de clorofacinona y bromadiolona, a discreción, durante las guerras santas al topillo y, posiblemente, (presunta) responsable de lo que cuento hoy de tratamientos químicos agrícolas en Castilla y León. Hay dos asuntos concretos que me han sacado de quicio. Me refiero a los que envenenan haciendo uso legal de algunos productos, sin conocer lo que hacen, o sin tomar precauciones y, sobre todo, sin que nadie de las administraciones afectas les ponga freno. La aplicación de sustancias tóxicas en el campo, para eliminar a los enemigos de las plantas, viene realizándose desde 1865. La agresividad de las aplicaciones depende del tipo de producto, de la conciencia del manipulador y de la pasividad de las consejerías obligadas al control. Hace unos pocos años nos pusimos muy contentos porque había unos requisitos concretos en los reglamentos europeos, y en las normas transpuestas, que nos hacían pensar que la agresión autorizada a la fauna se había acabado. Las ayudas para los agricultores y ganaderos acogidos a la PAC, y a la medida agroambiental de sistemas de extensificación, requieren respetar las buenas prácticas agrícolas y medioambientales, relativas a la conservación de aves y hábitats. Eso parecía pues, entre otras muchas normas, se obliga a cosechar después del 10 de julio, a dejar el 3% de la superficie cultivable como linderos o islas, se prohíbe empacar de noche, introducir especies distintas de las autóctonas y utilizar semillas blindadas con fitosanitarios, excepto los de baja peligrosidad. Qué bonito si fuera cierto. A mediados de mayo los vencejos picaban haciendo looping sobre los prados encharcados de una dehesa condal de Valladolid, que es zona muy mosquitera y por ello ideal para la ceba asegurada de estos admirables e incansables pájaros. Hay unos pinares cercanos en un campo de golf. La temida procesionaria, esa oruga que hace estragos en los pinos, ha sido muy protagonista este año con su desagradable presencia y se la combate desde el cielo. Parece que fue un helicóptero desde el que se fumigó. La carretera de Madrid, que atraviesa esos pinares, se convirtió en una alfombra de vencejos muertos. Había una pelota de un grupo entero de 15 ó 20 y luego vencejos salpicados en un tramo de más de un kilómetro. Presiento que sobre el propio pinar el estrago sería proporcional en una banda de varios kilómetros de profundidad de la zona fumigada. El otro caso. El producto aplicado y la dosis de blindaje en semillas, como sospechábamos los cazadores, son determinantes para la salud de las perdices según se desprende de un estudio que coordinamos desde FEDENCA y han encargado la ONC y la Real Federación Española. Hemos remitido una nota de prensa sobre este asunto. Tenemos ya algunos datos irrefutables que hemos hecho públicos y acongojan por su contundencia. Sobre todo, porque creíamos que ya no teníamos nada malo que descubrir pues hay más leyes protectoras que nunca. Pero es en los despachos, no en el campo. Estamos controlando herbicidas y pesticidas en un proyecto que hemos encomendado al IREC y los resultados preliminares obtenidos por el equipo de Rafael Mateo parece que demuestran que los efectos de alguno de estos productos comerciales: dos fungicidas, Pormasol Forte (tiram) y Store 25 EC (difenoconazol) y un insecticida Confidor 20 LS (imidacloprid), utilizados en el blindaje de semillas, pueden ser letales para nuestras perdices. El ensayo estudia seis variables: mortalidad, condición corporal, hematocrito, metabolismo antioxidante, respuesta inmune específica y reproducción en la que se medirán, entre otros parámetros, los efectos en el tamaño de la puesta y la tasa de fecundación. De la primera variable ya podemos informar que todo apunta a que las tasas de mortalidad producidas por esos productos comerciales son considerables. El difenoconazol no ha producido mortalidad en ninguna de las dos dosis aplicadas, una la recomendable y la otra, aplicando el doble de lo que dicen las instrucciones comerciales. El tiram tampoco produce mortalidad aplicado en las dosis recomendadas, pero aplicado en dosis altas produce una mortalidad superior al 35% de media y afecta sobre todo a los machos que han muerto casi el 60% en este ensayo. El insecticida imidacloprid ha matado a un 15 % de las hembras con las dosis recomendadas y un 70 % de hembras con las dosis altas. Su incidencia en los machos es menor. No sabemos como inciden estos productos en otros aspectos como la reproducción etc. pero nos tememos lo peor. Esto es para que nos presentemos en alguna fiscalía una vez estén los datos contrastados definitivamente. Este proyecto de investigación de los cazadores (como siempre: a nuestra cuenta y cargo) es más certero contra el veneno que fustigar inconstitucionalmente al titular del coto, despojándole de la presunción de inocencia y aplicándole la responsabilidad objetiva. En este último párrafo me refiero al inocente, claro.
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