Liebre, historia de una muerte anunciada

No podía esperarse otra cosa que lo que ha sucedido. Ni siquiera el poder reproductor de la liebre ibérica ha conseguido sobreponerse a esta catarata de inconvenientes. La liebre se ha ausentado de una de las zonas más querenciosas de España.


Los motivos principales son las enfermedades —tularemia, síndrome de la liebre parda, cisticercosis, etc.— favorecidas con el despropósito de la aplicación de venenos a discreción, repartidos generosamente por la consejería de agricultura de la Junta de Castilla y León, que dirige nuestra consejera más mediática, Silvia Clemente, alentadora también de la quema de rastrojos, limpieza de cunetas y arado en baldíos. Un azote definitivo para la liebre y para el resto de la fauna y la flora, impensable en quien había sido antes consejera de medio ambiente. En una gran parte de Castilla y León la liebre está ausente por todas esas cosas y el resto de la fauna está sensiblemente afectada. Muchos de los predadores y rapaces han sido envenenados, especialmente las aves nocturnas y lo mismo, los lagomorfos y las aves granívoras. Pero no es lo peor el estado de precariedad en el que está sumida la fauna. En estos días, se está llenando de nuevo el campo de clorofacinona, bromadiolona, etc. El agricultor pone medidas por si acaso y, como era de esperar, para defender su cosecha en un año en que parece que vuelven a pintar bastos. Como casi siempre. La consejera de agricultura no actuó como debía y repartió el veneno a discreción. Además de dejar a los ganaderos sin pasto por las quemas de rastrojos, dejó a los agricultores una responsabilidad innecesaria al poner en sus manos el reparto de setecientas toneladas de cebada emponzoñada y, después, de miles de bolsas de bromadiolona. En las jornadas organizadas por al Asociación de IT Forestales de Palencia, me comentaba un responsable de sindicato agrario que ellos no querían distribuir el veneno, que el agricultor no está para actuaciones especiales, que debía ser la Consejería la que actuara con personal especializado en toda la comunidad. Sólo en unos pocos términos se realizó la colocación de cebaderos por personal contratado. Para eludir su responsabilidad la Consejera de Agricultura hizo firmar a los presidentes de las JAL y alcaldes un documento de compromiso para la aplicación, que no controló en su ejecución, como era obligado, aunque estaba claro que sólo en algunos casos se iba a cumplir. Con esa responsabilidad diferida a las JAL y alcaldes eludió las exigencias de la Ley 43 / 2002 de Sanidad Vegetal y las de la CE derivadas del protocolo de la Directiva 91/414 CEE del Consejo, que autorizaban echar la clorofacinona en España con una moratoria excepcional y ciertos compromisos, entre ellos: «siempre que se garantice que no produce efectos contra la salud de personas y animales y no repercute inaceptablemente contra el medio ambiente. Y siempre que se limite la aplicación al mínimo para mantener la plaga en nivel inferior al de producir daños inaceptables». Cientos de animales muertos por intoxicación compatible con clorofacinona, según análisis incluso oficiales, han sido la prueba de que la Consejera no ha cumplido las cautelas encomendadas por la CE. La plaga acabó, como todas, por evolución natural, no por el veneno. Lo mismo que volverá cíclicamente en unos años. Después de que esta Consejera anunciara en toda la prensa regional la eliminación de topillos y diera titulares como Los topillos me duran cinco semanas o Tiemblan los topillos cada vez que me ven en el campo y pontificara que hemos reducido al topillo en porcentajes afinados hasta la centésima, tampoco tuvo el gesto esperado por todos de recomendar a los agricultores la recogida del veneno sobrante, como ordenaba el protocolo, una vez que dio el último parte solemne de la extinción del topillo campesino. ¿Qué debería haber hecho? Casi nada de lo realizado. En principio, si había que envenenar, que ahora lo dudo, haber aplicado veneno en pastillas de parafina atrapadas en el cebadero, en lugar de en grano. Aunque la aplicación fuera más costosa, se hubieran salvado todas las aves y lagomorfos envenenados por comer grano. Con una parte pequeña de los veinticuatro millones de euros gastados en el asunto de la plaga, podía haber formado a personal contratado para que el reparto se realizara en toda la zona de plaga por personas aleccionadas, asegurando el protocolo de aplicación y evitando el desastroso reparto por el campo. Así, habría aliviado de responsabilidad a la primera víctima de la plaga: el agricultor castellano. Una vez remitida la plaga ese personal se habría encargado de recoger los tubos y veneno, que hoy siguen distribuidos por todo el campo. Y ahora tendríamos la garantía de que el envenenamiento masivo se había acabado. También debería haber repuesto el hábitat destruido por el fuego y la eliminación de lindes y cunetas, tan determinantes para la defensa de la fauna. La Consejera de Agricultura ha eludido las denuncias en el juzgado, ya que es muy difícil adjudicar el delito ecológico, incluso ante estas obviedades, pues no se puede demostrar la presunta responsabilidad aunque la liebre o los gorriones se hayan muerto por envenenamiento. Pero sí tiene la responsabilidad moral y política de la parte del desastre faunístico, causado por el veneno que repartió. Ya se lo recordaremos de nuevo al presidente Herrera, igual que tuvimos que recurrir a él para que Silvia Clemente recibiera a la Federación de Caza. La Consejería de Medio Ambiente nunca fue partidaria de repartir el veneno, ni de prohibir la caza en media veda, como pedía la de agricultura, pero ha actuado con pasividad ante el atropello medioambiental pues, aunque la propuesta de agricultura fuera impuesta por el gobierno autonómico, como es fácil deducir, se podría haber hecho alguna presión por la guardería para que la aplicación del veneno tuviera el impacto mínimo. Y haber ordenado la recogida de tubos, ya que agricultura no lo hacía. La liebre pare cada temporada cuatro veces de enero a julio y en años de bonanza puede hacer seis camadas a partir de noviembre. Dada la precocidad de las liebres y la posibilidad de superfetación, las poblaciones se pueden multiplicar por cuatro o cinco en una temporada generosa. La liebre se recupera rápidamente. Sin embargo, esta temporada la liebre no ha podido cazarse en una gran comarca de Tierra de Campos y ni siquiera en cotos donde llevamos unos años con veda. Y no ha sido sólo por el veneno. Dado que no se pueden repoblar liebres en Castilla y León con las leyes en vigor, es necesario resolver legalmente la posibilidad de hacerlo, con todas las garantías, y después de hacer un ensayo muy severo por Medio Ambiente, en algún coto testigo. También es imprescindible financiar a los cotos para las mejoras del hábitat deteriorado por las medidas de la Consejería de Agricultura y potenciar el Plan de Conservación y Gestión de la Liebre que está desarrollando la Consejería de Medio Ambiente pues, a la vista del desastre acaecido, es la única esperanza que queda para esta especie, tan querida y maltratada en Castilla y León.
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