Propuestas para quitar agobio a la caza

Escribir de caza es como predicar en el desierto, aunque lo lean cien mil. No obstante, voy a hacer unas propuestas en dos artículos complementarios y unas peticiones concretas a los Reyes, pues ellos conocen ya los problemas de la caza y la naturaleza, para eso son magos, y lo podrían arreglar.

Dado que tocar varios temas, aunque sea superficialmente, requiere mucho espacio, voy a dividir en dos artículos la exposición: uno, éste que se expone, y el próximo en el que se meterá La caza sostenible, tema muy importante.

PIDO Y PROPONGO estos deseos que son también objetivos para muchos cazadores:

1ª Peticion y propuesta: que los cazadores volvamos a tener una voz mayoritaria propia y nos organicemos en la entidad única que aglutinaba a la RFEC y a Mutuasport

Cuando se habla de la desunión de los cazadores se achaca todo al movimiento principal que se tradujo en setiembre de 2012 con la ruptura de la Real Federación Española de Caza (RFEC) como consecuencia de las irregularidades electorales en aquella fecha y que dividieron a la Federación en dos grupos de asambleístas, liderados cada uno por unos u otros presidentes de las federaciones autonómicas enfrentadas. Uno de ellos, conformado por nueve federaciones autonómicas, que sumaba menos federados y clubs, se quedó al mando de la Federación porque consiguieron más asambleístas que el otro grupo, que representaba a ocho federaciones autonómicas y aglutinaba mayor número de federados y clubs, pero obtuvo menos número de representantes en la asamblea general.

Aquello, ya conocido por todos, degeneró en una situación en la que se juraron unos a otros odio eterno, como Aníbal y los romanos. Ocho federaciones autonómicas no volvieron a la RFEC, que aún está gobernada por esas nueve federaciones autonómicas. En este tiempo 2012-2016 han despedido a cuatro trabajadores de la Federación, que ya no realiza ninguna actividad excepto algún campeonato de España que organizan alguna de las federaciones autonómicas afines.

Para entender un poco lo que ha pasado y las posibilidades de arreglo, muy difíciles, creo que hay que analizar a la vez a otra entidad hermana que nació y llevaba vida paralela con la RFEC, que es Mutuasport. Esta aseguradora mutualista, creada por la Federación Española de Caza, era suministradora de dinero a la RFEC por la distribución que ésta hacía de los seguros a los cazadores federados, únicos clientes de Mutuasport, y que llegó a expender en 2006 para los federados cuatrocientos treinta y tres mil seguros de daños propios y más de doscientos mil de responsabilidad civil del cazador. Hasta junio de 2011 presidía las dos entidades Andrés Gutierrez, que estuvo presidiendo la mutua de los cazadores veinte años. Tras las elecciones de 2011, José Mª Mancheño, presidente de la FAC, se hizo cargo de Mutuasport y esto en principio no creó ningún litigio.

Al año siguiente, 2012, tras las elecciones de la RFEC citadas al inicio, hubo un golpe de mano en Mutuasport y las nueve federaciones que manejaban la Federación Española sacaron a todos sus afiliados de Mutuasport, pasando todos sus seguros a otra aseguradora nacional. Mutuasport, que estaba en 2012 en un mal momento económico, y quedó a punto de ser intervenida, acusó el golpe de la salida de tantos clientes en aquella maniobra que acrecentó las diferencias entre unos y otros. Al final, Mutuasport ha salido airosa y las cuentas de 2015 ofrecen ya una economía saneada, según nos informaron en la última asamblea general Mutuasport.

Doy estas explicaciones porque en aquellos días de finales de 2012 se rompieron las dos entidades y, aunque los que están en ellas conocían y conocen todas las maniobras, la mayoría de los cazadores ajenos a la estructura federativa no conocen lo de Mutuasport, que es tan importante para esta situación de desencuentro como los acontecimientos de las elecciones de la RFEC. Por esa razón, yo creo que para llegar a un consenso son imprescindibles los acuerdos previos para las dos entidades. La conciliación de las federaciones autonómicas solo es posible si lo hacen para las dos entidades al unísono y para que los federados y todos los asegurados posibles a Mutuasport pertenezcan a una sola nómina, como venía ocurriendo hasta junio de 2011.

En este momento puede favorecer la concordia que ocho federaciones autonómicas de uno y otro frente hayan cambiado de presidentes. Entiendo que ya no hay entre los nuevos presidentes ninguna inquina personal hacia el otro grupo, aunque los ocho elegidos estarán al corriente y con una disposición muy similar a sus antecesores. Pero son nuevos.

En cualquier caso, la situación actual de desafecto con la RFEC de gran parte de los cazadores federados es muy difícil de reparar porque la actividad más importante de cada federación autonómica es la que desarrolla en su autonomía y ahí están todos situados en su feudo, aunque unos con un gasto menos por la desafección y otros con un ingreso menos por lo mismo.

Lo malo de esta situación es que en el ámbito nacional ya no hay un mensaje único representando a la mayoría de los cazadores y esto, que debería haber sido prioritario, no lo fue y en vez de un acuerdo se ha producido un episodio más de la España a garrotazos. Por supuesto, todos los enemigos de la caza, que son legión, están encantados de las luchas fratricidas que conllevan el consiguiente desprestigio y debilidad de los cazadores.

Hay una responsabilidad de toda esta situación relatada en el Consejo Superior de Deportes (CSD), que es una entidad politizada y ha estado dirigida por unos inútiles que deberían haber puesto orden y procedimiento a los dos grupos confrontados y haber mostrado autoridad para hacer cumplir sus resoluciones. Mandaron repetir las elecciones en la RFEC, que hubiera reconducido la situación, y cinco años después no solo no se repiten aquellas elecciones de 2012, sino que no se hacen tampoco las obligatorias de 2016, año olímpico, porque han sido recurridas por nuevas irregularidades en el censo inicial y en el provisional. Ni adrede, vamos. ¿O sí? Cuando escribo esto se ha abierto una nueva convocatoria de elecciones a la RFEC, que deseo disponga de una vez de censos apropiados y concluya ya en las definitivas elecciones de 2016.

La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC), donde se han congregado las federaciones agraviadas por la RFEC, conocidas como F8, ha asumido en estos años la representación internacional de los cazadores españoles contactando con la FACE y otras instituciones europeas. También ha coordinado los intereses generales del mundo cinegético, y ha permitido presentar ante los ministerios españoles alguno de los múltiples problemas de la caza. Pero hace falta reglamentar a esta entidad transversal para que quede ordenado y regulado todo el procedimiento administrativo, asambleario y legal que requiere una organización democrática de sus posibles dimensiones.

Si no se estructura pronto, corre el peligro de desordenarse como un cajón de sastre. He estado ocho años en esa entidad representando, junto a otros, a la RFEC y sigo creyendo que puede ser una agrupación importante para estudiar y coordinar los objetivos plurales que tiene la caza en España, donde todos los componentes aporten, con arreglo a su participación y representación, lo que corresponda para mover la maquinaria y poder cumplir con los objetivos de esta organización multidisciplinar.

2ª Peticion: que frene el declive de la caza y la nómina de cazadores españoles se mantenga en estas circunstancias tan adversas para la actividad

La evolución de licencias de caza en los últimos sesenta y cinco años ha tenido un periodo ascendente los cuarenta primeros (1950-90), en el que los efectivos se multiplicaron por 7’4, y otro periodo de 25 años (1990-2015), en el que el número de licencias se ha dividido casi por 2.

No tenemos ya relevo generacional, se enrolan cada año menos nuevos cazadores que los que se dan de baja. En 1950 había en España 195.000 cazadores. Veinte años después, la célebre Ley 1/1970 de caza aún en vigor, agitó la sociedad cazadora y rural que empezaba a disponer de dinero para escopeta, ropa y perro con pedigrí, aunque la acción del coto se aplicara generalmente para los cazadores de fuera. La caza tenía prestigio social y en los pueblos todo el mundo quería ser cazador, «como los forasteros que vienen aquí a cazar las perdices de nuestras tierras». La nómina llegaba a 662.500 licencias en 1970 y comenzó el acotado de la España rural, que llegó a los treinta mil cotos en 1980, con treinta y tres millones de hectáreas acotadas.

Así llegamos en 1990 al culmen de la cinegética en España con el mayor número de cazadores de la historia: 1.443.514 licencias. Habíamos aumentado en cuarenta años un millón doscientas cincuenta mil las licencias y cazábamos con maneras menos sostenibles que las que impuso el sentido común pocos años después porque quedaba el campo sin materia prima. Las licencias fueron cayendo a partir de 1990 y finalizamos el siglo con 1.183.100, que han seguido cayendo en este siglo hasta unas 750.000 u 800.000 licencias que representan casi el 50% del censo de cazadores de 1990.

Pocas cosas invitan ahora a ser cazador, incluyendo las guerras federativas. Por si faltaba algo, la crisis económica de estos últimos diez años, que ha fustigado a los sectores sencillos y más débiles de la caza, también se ha llevado de calle en estos últimos quince años casi un 30% de licencias. Ha ayudado mucho el movimiento de emigración del mundo rural hacia el urbano, que entiendo yo es uno de los principales protagonistas del declive de la caza.

3ª Petición: España es el pais europeo que más pesticidas utiliza de los 28 de la CEE. Pedimos que la ‘Estrategia Nacional de la Gestión Cinegética’ prevista por el MAGRAMA en la Ley de Montes frene el envenenamiento del campo

Quiero iniciar este comentario diciendo que no podemos culpar a los agricultores de utilizar ciertos productos que están autorizados, porque hacerlo es un objetivo de su trabajo: hacer rentable esa actividad. El problema está en que esos fitosanitarios se autorizan por los estados y no se ofrecen alternativas menos agresivas al medio, porque las poderosas industrias de agroquímicos ponen en mercado los productos más beneficiosos para ellas.

España es el país que utiliza más pesticidas entre los 28 países europeos con 71.000 Tm, aproximadamente, que es un 20% del total utilizado en Europa. España es líder precisamente en el uso de insecticidas (los más letales de los productos químicos venenosos) triplicando a los dos siguientes países siguientes, Francia e Italia. Los insecticidas envenenan a los insectos y al resto de fauna asociada a los espacios agrícolas. Las aplicaciones de herbicidas y pesticidas que envenenan el entorno se hacen a lo largo del año; se siembra con semillas blindadas con biocidas que después come la fauna granívora y muere o se debilita. El declive de todas las especies, cinegéticas y protegidas, que conviven en ese ambiente es de momento irreversible. Mayormente para las protegidas, siempre más escasas.

La empresa alemana Bayer (que absorbe este año 2017 a la gigante americana Monsanto) es la líder mundial agroquímica con un 25% del volumen de semillas y biocidas y una facturación de 23.000 millones de euros. Es la distribuidora de los productos más peligrosos para las aves (Imidacloprid, Tirán y Fipronilo) analizados en el estudio de semillas patrocinado por FEDENCA y la ONC y que demostraron ser más letales con las perdices. La nueva fusión de la Bayer - Monsanto ha permitido superar al consorcio de gigantes americanas DuPont- Dow Cheminal, que facturan unos 17.000 millones de euros. Estas dos poderosas empresas manejan los fitosanitarios a utilizar en el mundo.

Según el proyecto Identificación y cuantificación de los efectos de los plaguicidas en la perdiz roja en España (Mateo R., y otros. 2012) patrocinado por FEDENCA-RFEC y la ONC, y la tesis doctoral de Ana López Antia, sobre el mismo, se puede concretar que «La toxicidad del Imidacloprid sobre las aves ha sido subestimada y sus efectos subletales poco estudiados. Desde diciembre de 2013, la Unión Europea ha prohibido el uso de tres neonicotinoides (imidacloprid, thiamethoxam y clothianidin) por su toxicidad para los insectos polinizadores, abejas principalmente, pero su uso tras el periodo de floración para el tratamiento del cereal de invierno o para cultivos cosechados antes de la floración sigue estando permitido y por tanto el riesgo de exposición para las aves sigue existiendo fuera de la primavera. En nuestro trabajo presentamos evidencias de importantes efectos letales y subletales, de dosis de exposición realistas, sobre la perdiz roja.

El estudio de FEDENCA-RFEC constaba de tres grupos de 32 perdices cada uno; el grupo control, el grupo de dosis baja (20% de la dosis recomendada de uso) y el grupo de dosis igual a la recomendada de uso para tratamiento de simiente de cereal en España (MAGRAMA, 2013)).

El 100% de las perdices alimentadas con la dosis recomendada de uso murieron en 21 días. Al tercer día de exposición murieron ya un 31% de las perdices. Comprobamos que el tiempo de supervivencia medio de las hembras (6.7 días) es menor que el de los machos (12.7 días). Se analizaron los hígados de estas perdices muertas en busca de restos del tóxico y comprobamos que los niveles encontrados aumentaban con los días de supervivencia lo que nos indica que el tóxico se acumula en cierto grado en este órgano. Este hecho no había sido descrito por nadie hasta ahora y es muy interesante ya que nos puede dar una medida del grado de exposición crónica de los animales silvestres.

Por otro lado, dentro del grupo de las perdices expuestas a la dosis del 20%, solo murieron dos individuos pero encontramos importantes efectos subletales. Esta dosis produjo algunas alteraciones bioquímicas pero lo que consideramos más interesante son los cambios encontrados a nivel reproductivo. La hipótesis de los investigadores es que ante una situación desfavorable (indicada por los cambios en la coloración) las perdices “deciden” poner menos huevos pero de mejor calidad. Por último, realizamos una prueba para medir la respuesta inmune celular de los pollitos y obtuvimos que los pollitos nacidos de perdices tratadas tenían una menor respuesta inmune lo que en la naturaleza representa estar expuestos a mas patógenos y situaciones más desfavorables, muy probablemente se traduzca en una mayor mortalidad», resume Ana López (IREC).

4ª Petición: que cazadores y agricultores intentemos recuperar la fauna menor en declive y los poderes públicos compensen dentro de la PAC modelos agrícolas que busquen salvar a la perdiz roja y otra fauna asociada

Los sistemas agroganaderos son determinantes para el equilibrio faunístico y medioambiental en los territorios de intervención. La perdiz pardilla (Perdix perdix) se desvaneció en nuestras sierras al finalizar la agricultura y ganadería de montaña; por deshumanización de los hábitats ocupados. La perdiz roja silvestre (Alectoris rufa) camina hacia la desaparición en nuestros territorios más humanizados, entre otros varios motivos por exceso de actividades agrícolas y aplicaciones fitosanitarias.

Podríamos resumir que, por exceso y por defecto, la agricultura es determinante para el estado poblacional no solo de nuestras perdices, sino de todas las aves asociadas al mundo agrícola, donde son la práctica totalidad protegidas y muchas de ellas en estado vulnerable. Esa situación la sentimos muchos cazadores y agricultores, porque hay bastante dualidad entre ambos gremios, ya que la caza se practica en el mundo rural en el que viven, principalmente, agricultores y ganaderos que además son cazadores.

Muchos de los productos que las empresas de fitosanitarios recomiendan utilizar a los agricultores no llevan ninguna cautela que hagan pensar a éstos que se están envenenando a la fauna avícola en general, porque en otro caso, entendemos que la mayoría de agricultores pediría un producto alternativo más benévolo. Yo creo que todos entendemos que el manejo de un producto legal se hace por el agricultor sin cargos de conciencia, ni cortapisas, aunque después se demuestre que es mortal. Unos tratamientos o actividades agrícolas son menos agresivos para la fauna que otros, pero que eso puede conllevar un incremento de coste al agricultor.

En estos casos, todos entendemos que él no tiene que asumir a sus espaldas los costes de la conservación. Las responsabilidades son de las poderosas multinacionales fitosanitarias y del gobierno que no inicia proyectos que condicionen alguna línea de la PAC para compensar las posibles pérdidas de rendimiento agrícola, por utilizar productos más inocuos y laboreo agrícola más dulce para la fauna, como se condicionaba por la PAC desde 2006 hasta 2013. Y esto se puede hacer, porque así es como se actúa en otros países europeos. Estamos todos de acuerdo en que la actividad agrícola en muchos territorios requiere más dinero para subsistir, pero también que la naturaleza requiere más respeto.

La caza es una actividad extractiva que aprovecha especies. Para aprovechar esas especies es necesario que el terreno donde se crían sea terreno cinegético que lo permita. Para que un terreno sea cinegético tiene que autorizarlo quien tiene los derechos cinegéticos sobre ese terreno, que es con carácter general el agricultor, tanto si es propietario como si es arrendador de esas parcelas. La caza de esas especies tiene un valor de arrendamiento del coto que hemos calculado en un trabajo La caza sector económico (Garrido, J.L., 2012) en el que el subsector de ‘Arrendamiento de cotos’, que se calculó para unos 35 millones de hectáreas dedicadas a la caza, suponía generar por ellas 525 millones de euros que se pagaron a los propietarios agricultores que son, con carácter general, a quienes arrendamos las propiedades para cazar.