Carlos Sánchez García-Abad
La reciente sentencia por la que se prohíbe la caza en Castilla y León nos deja dos mensajes claros: los grupos anticaza (que no ecologistas) van a utilizar todos los resortes a su alcance para limitar nuestra actividad y los datos disponibles sobre el estado de conservación de las especies cinegéticas en España parecen no ser siempre suficientes a la hora de plantear una gestión sostenible.