Se han vertido ríos de tinta sobre esta materia que parece una cuestión irresoluble. Mis informaciones me dicen que en plena crisis, en plena etapa de recortes y céntimo sanitario, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales podría haber gastado catorce millones de euros en indemnizar a los propietarios de terrenos ubicados en Parques Nacionales por privarles del derecho a cazar. A su vez, con el dinero de los contribuyentes se paga la bala del celador o el personal al servicio de las administraciones que realiza el llamado
control poblacional. También el sueldo del señor que aprieta el gatillo y que según Parques Nacionales
no caza, controla poblaciones.
Cuando hablamos de cazar en los Parques Nacionales hablamos de hacerlo en las mejores condiciones para la conservación, de la forma menos invasiva para el espacio y el resto de especies. Y eso, en terrenos tan amplios y con tanta fauna, es posible e incluso necesario hacerlo.
Nunca me han gustado los eufemismos y el lenguaje enrevesado de algunos políticos. De ZP por ejemplo, mi madre, cada vez que le oía, decía que no se enteraba de nada, que no hablaba claro y que no le gustaba. Le parecía un charlatán de feria con carrera y complejos. Opino que en los Parques Nacionales si se caza, se caza, y si no, no. Esto es, que si no cazan los propietarios (particulares o Ayuntamientos) o los cazadores españoles (por ejemplo por sorteo o subasta), tampoco existen motivos para que la caza la hagan los guardas o empresas contratadas al efecto. O sí o no. No se puede servir a Dios y al diablo. No se puede predicar que uno no está a favor de la pena de muerte y aplicarla aunque sea con el nombre de
solución final. No se debe enmascarar la realidad.
Me produce estupor esta situación más como contribuyente y pagano que como cazador. Me pregunto si la austeridad, la eficiencia en la gestión, el uso adecuado de los recursos públicos es sólo cuestión de la sanidad, la función pública, o la enseñanza (necesitadas por cierto, como casi todo, de sentido común y ajustes). Me pregunto si de los millones de euros que cuesta no autorizar una caza responsable, controlada, incluso científica y por supuesto deportiva y ética en los Parques Nacionales, se va a informar a una sociedad española que se siente expoliada con un 21% de IVA, un IBI confiscatorio, y una presión fiscal sofocante y que corta el resuello. Me pregunto si algún día las decisiones en materia de conservación se tomarán —de verdad— con fundamento en criterios técnicos, y no en base a meras suposiciones, prejuicios o presiones sociales. Me pregunto si a Juan Pedro, tractorista, agricultor del Campo de Montiel, que no entiende de Anteproyectos de Ley, y que se gana el pan con el sudor de su frente todos los días, sabrá explicarle el Organismo Autónomo de Parques Nacionales o Theo Oberhuber por qué el dinero de su aceituna se gasta entre otras cosas en indemnizar el no cazar en algunos terrenos en los que posteriormente unos jornaleros bien vestidos se dedican a matar bichos pagados por el
Estao.
