Los agentes forestales agradecen la posición del Gobierno frente a la ley de la Comunidad de Madrid

Tras la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno contra el artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar dicho artículo y dispone de 5 meses para pronunciarse sobre la continuidad de esta suspensión.


El Tribunal Constitucional dispone de 5 meses para pronunciarse sobre la continuidad de la suspensión del artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha recibido hoy, en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, a representantes de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid para tratar sobre la suspensión del artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. En esta reunión, los representantes de los agentes forestales han agradecido el apoyo expresado por la Ministra y la posición del Gobierno frente a esta ley autonómica. El Ejecutivo presentó el pasado 29 de octubre un recurso de inconstitucionalidad contra dicho artículo, que disminuye la capacidad de actuación de los agentes forestales al imponerles la obligación de disponer de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales. El recurso se fundamenta en que esta norma contradice la Ley estatal de Montes, que no sólo asigna a los agentes forestales la condición de agentes de la autoridad, sino también la de policía administrativa forestal. A petición del Gobierno, y desde el momento en que el recurso fue admitido a trámite, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar este artículo y dispone de 5 meses, hasta finales de marzo, para pronunciarse sobre la continuidad en el tiempo de dicha suspensión. Para ello, el Constitucional tendrá que valorar si existen daños para la salud y el medio ambiente. Cristina Narbona ha afirmado que el artículo daña la salud y el medio ambiente al limitar la actuación de los agentes forestales y crea una enorme desigualdad entre los madrileños y el resto de España, porque les priva de la protección que garantiza la actuación de estos agentes y les hace más indefensos frente a incendios forestales, plagas, construcciones ilegales y frente a todos los derechos que contempla la Constitución en materia de medio ambiente, salud y urbanismo. En este sentido, la Ministra de Medio Ambiente ha señalado que el Ministerio trabaja con los agentes forestales, así como con expertos y organizaciones no gubernamentales, para avalar los argumentos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra esta norma. Con la reforma de la Ley de Montes se creó la Fiscalía de Medio Ambiente y de Urbanismo y se fortaleció la capacidad de los agentes forestales para prevenir, tanto incendios forestales como en general cualquier otra agresión al entorno, con las consiguientes consecuencias sobre la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente.
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