Aspa: Con una defensa así, ¿para qué gastar dinero en la acusación?

No, compañeros periodistas, ni una cosa ni la otra. Una persona que arrebata un arma a un conocido y sube al monte a matar no es cazador. Es un delincuente que se está saltando a la torera toda la normativa que regula el ejercicio legal de la caza.

La letrada ha buscado todas las estratagemas legales que puedan librar a su cliente de la pena de asesinato. Al fin y al cabo, es su trabajo. Alega «una alteración de sus capacidades psíquicas», algo que convertiría el acto en inimputable. Quiere demostrar que Rodríguez está enfermo para así evitar la cárcel y que la condena no sea penal, es decir, no sería responsable criminalmente de las muertes de Xavier Ribes, de 43 años, y David Iglesias, de 39.

Recordemos que el acusado comenzó diciendo que los disparos se produjeron a unos 15 metros, cuando el análisis forense ha concluido que «los cuerpos de los agentes recibieron dos disparos cada uno, todos a corta distancia». La defensa también alude a que el acusado no recuerda nada… Esperaremos a la resolución del caso, pero algo aquí no cuadra.

Otra de las líneas de la abogada argumenta que Rodríguez no tenía «intención de matar», cuando, de los dos disparos que recibió cada agente, uno de ellos impactó directamente en sus cabezas.

Pero el mayor despropósito llega cuando nos enteramos de que la letrada justifica una de las peores circunstancias que rodean los hechos, y quizás la más relevante. La escopeta con la que el acusado ha reconocido que disparó es una semiautomática que, como exige la ley, tiene limitada su carga a tres cartuchos. Si cada agente recibió dos disparos, esto significa que el acusado efectuó tres disparos y, necesariamente, tuvo que recargar un cuarto cartucho para completar los cuatro.

Quédense con la explicación de la abogada: el acusado efectuó «dos tiros al primer agente y uno al segundo, recargó y volvió a disparar al segundo», porque «el patrón de tiros de dos en dos es una práctica rutinaria de caza habitual».

Esa teoría la desmoronará cualquier entendido al que acuda la acusación, pero habría que recordarle a la letrada que su cliente no es cazador, que no cuenta con permiso de armas, ni con licencia, y que, por esto mismo, no debe conocer, como ella, lo que sucede durante una «práctica rutinaria de caza habitual».

La ley debe actuar, y esperamos el desenlace del juicio con la esperanza de que la imagen del cazador y de la caza no siga empañándose por los crímenes de alguien que solo puede catalogarse como de delincuente. Así lo ha manifestado y demostrado con hechos la Federación Catalana de Caza y la ONC al personarse como acusación particular en el proceso.

Recientemente se ha conocido la primera consecuencia que ha salpicado al colectivo cazador, un vídeo que detalla el protocolo de actuación del cuerpo de Agentes Rurales para la revisión de los documentos del aficionado que encuentren en el campo. La Federación Catalana de Caza ha actuado para expresar la indignación que este tipo de actuación provoca en el colectivo, que se siente criminalizado ante un protocolo con unas medidas de ‘seguridad’ que no se han visto en ninguna otra comunidad autónoma ni en país alguno de la Unión Europea.

Nuestra postura siempre será de apoyo a las víctimas y condena de todo aquel que incumple con la normativa legal que regula la caza, más aún cuando el resultado es que dos familias y todo un colectivo continúan llorando la pérdida de estos dos agentes. Pero no podemos aprobar lo que vemos en este vídeo. Los cazadores catalanes no merecen ser tratados como ‘potenciales’ criminales.