El Delegado Territorial y funcionarios de la Junta serán investigados por prevaricación

En el Auto, La Audiencia encuentra indicios de posible relación en todo lo sucedido hasta hoy y desde el día en el que el FAPAS denuncia a varios Celadores de medio ambiente acompañados de un particular cazando un rebeco en epoca de veda. El hecho desencadenó, de forma inmediata, una denuncia falsa, como así constató el contencioso administrativo recientemente, llevada a cabo, entre otros, por alguno de los Celadores sorprendidos en la cacería, y produciendose entre tanto hasta el día de hoy, una condena en via penal al Celador Mayor de la Reserva Regional Fuentes Carrionas por vejaciones en el ejercicio de sus funciones hacia un integrante del FAPAS. La situación presentada puede además no ser un hecho aislado contra una organización incomoda para el gobierno autonómico, que ha tenido la mala costumbre de ser crítica, con más o menos acierto, y dar continuas muestras de colaboración desinteresada a la administración para trabajar por el patrimonio natural de Castilla y León, que no del Gobierno autonómico. Individuos inmersos en el conocido y resuelto conflicto cinegético con agentes del Seprona, condenado en el juzgado y con supuesta reprobación administrativa por incumplimientos a diferentes marcos normativos, pudieran estar siendo protegidos y amparados por la Junta de Castilla y León para «continuar con el ejemplar y noble ejercicio de la Caza que práctican» aun chocando frontal y públicamente con las obligaciones que el resto de cazadores y ciudadanos deben asumir y que obligó al Seprona a denunciar una vez más, con posterioridad a las condenas y sanciones impuestas, los reiterados, ofensivos y consentidos comportamientos de esta aparente elite social que volvia a contar sorprendentemente con la bendición administrativa para la práctica, a su manera, de la actividad cinegetica. Con los antecedentes que FAPAS ya conoce por el reiterado respaldo de esta administración al Celador de Medio Ambiente Condenado por un juzgado y nunca expedientado según el regimen disciplinario que los regula, no nos extraña y pudiera entenderse de esta manera, que desde la Junta de Castilla y León está amparando a capricho a delincuentes condenados por los juzgados e infractores reincidentes, o/y cuentan con un sentido moral, etico y sobre todo legal distinto a los demás, que debiera ser corregido y depurado en aras del interes general. De suceder lo aparente, estarían generando daños de incalculables consecuencias para las reglas de un estado de derecho que algunos parecen decididos a instrumentalizar de forma arbitraria, en beneficio propío o contra aquellos que le resultan incomodos; No teniendo escrupulos en desobedecer a los Juzgados, utilizar, desautorizar y deslegitimar a los agentes de la autoridad y por supuesto persiguiendo o bloqueando el derecho constitucional, libre y autónomo dentro de la legalidad, de los movimientos sociales en participar de la Gestión del territorio y en el territorio.