Modificar el Código Penal con nocturnidad y alevosía

Modificar el Código Penal con nocturnidad y alevosía

Multas de hasta 200.000 euros, penas de prisión de hasta 36 meses, inhabilitación para tener animales, y muchas, muchas obligaciones para propietarios de perros. El Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los animales que aprobara el Consejo de Ministros en febrero de 2022 se ha convertido en Proyecto de Ley a tramitar por vía de urgencia mediante el Consejo de Ministros del primer día de agosto.


Agosto se ha convertido en el período en el que todos los gobiernos hacen sus fechorías legislativas. El personal está en la playa o en los pueblos, los despachos de abogados cerrados a cal y canto y claro, el legislador, marca los tiempos a su conveniencia.

Ya escribí hace un año que con la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal Podemos y el PSOE querían maniatarnos, apercollarnos, ponernos contra el paredón apuntando con una ley a medida y hecha contra los cazadores y los ganaderos con el objetivo de hacer irrelevante a un colectivo de cientos de miles de aficionados a la caza. Y la mejor forma de borrarla del mapa (a la caza) es tenerla secuestrada con una ley penal y administrativa en la sien, que convierte en potencial delito todo lo que hacemos.

El nuevo art. 340.bis del Código Penal convierte en delito cualquier agresión no justificada a un animal. Cualquiera. Reduce a cenizas el principio de proporcionalidad en materia penal. Tradicionalmente el derecho penal estaba reservado para las conductas más graves. De aprobarse esta reforma cualquier chorrada terminará en un Juzgado de Instrucción. Sin exagerar. Casi todo lo relacionado con los animales podrá ser delito. Y denunciable y, por tanto, denunciado. Podemos, además, crea una especie de cuerpo de delatores que serán las “protectoras”. Eleva a la categoría de árbitros a quién vienen ejerciendo como verdugos, a quienes predican el fundamentalismo animalista desde los minaretes de sus chiringos perrunos. Podemos y el PSOE, nos condenan a la denuncia constante, a la inseguridad jurídica más absoluta, a la falta de libertad total y a la dictadura de una ley que se aplicará a una mayoría, parida por el 10% de españoles. Una minoría que ha secuestrado la voluntad de la mayoría.

Las rehalas, mucho me temo, se van a llevar el primer golpe. Muchos rehaleros han sido ya procesados sin razón y absueltos desde que en 2015 se modificara el delito de maltrato animal. Muchos más serán denunciados y, lamentablemente, de aprobarse el bodrio legislativo que propone Podemos (con el aplauso y la coautoría del PSOE), muchos serán condenados. Otros muchos tirarán antes la toalla.

Los cazadores tenemos una tarea difícil por delante: no dejarnos pisotear. Luchar contra los medios infinitos del Gobierno de la nación, contra la manipulación interminable de los sentimientos y la realidad de los habitantes de este país y contra los egos de algunos que marginan, callan y silencian el trabajo, la voluntad y el esfuerzo de personas que han trabajado en favor de todos. Así nos luce el pelo. Así les luce a ellos. El que quiera entender me entenderá.

Estirar el Código Penal hasta el infinitivo, convertir en delito casi cualquier conducta inapropiada con los animales es un gravísimo error y desvirtuar la misma esencia del Código Penal y de un Estado de Derecho. Es crear una suerte de nueva violencia de los animales, saturar una justicia ya saturada, colapsar un sistema judicial ya de por sí lento. Una irresponsabilidad totalitaria con el fin de llevar una fantasía fanática y dotar de sentido a una dirección general carente de contenido. Es convertir en reos, en galeotes, en carne de juzgado, a cientos de miles de ciudadanos libres de este país. Es someter a golpe de tipo penal a los irreductibles galos que llenaron la Castellana el 1 de marzo de 2008 y el 20 de marzo de 2022. Sin duda, nos espera un otoño caliente.

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