Guardia civil acusado de soborno: hasta 10 años de cárcel por expedir autorizaciones temporales de uso de armas por 300€
Un guardia civil ha sido acusado de pedir 300 euros para expedir dos autorizaciones temporales para el uso de armas. Se enfrenta a penas de casi 10 años de cárcel y multas económicas por los delitos de cohecho y de falsedad documental.
Según la fiscal del caso, hace más de nueve años, el 16 de abril de 2010, un guardia civil destinado en el Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la 2ª Zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, en la Comandancia de Toledo, extendió «de manera irregular” una autorización temporal para el uso de armas de fuego.
La fiscal destaca que el acusado utilizó «un soporte que se dejó de expedir de forma definitiva a mediados de 2008”.
Cohecho y trato de favor
Tres meses después se repitió la misma operación. La persona a la que se la extendió debía renovar sus licencias de armas de tipo D y E, y pagó 300 euros para recibir estos documentos. El valor de las tasas de la renovación de cada licencia es de 10,68€, pero la persona que pagó esos 300 €, que se enfrenta también a una acusación por cohecho propio activo, ha reconocido que lo hizo para «conseguir un trato de favor para agilizar la renovación de los permisos”. Por ello, puede ser condenado a un año y seis meses de cárcel.
La fiscal también señala como irregular el sello estampado en la segunda autorización, al corresponder a la oficina del Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos, «y no a los usados por la oficina de la Intervención de Armas y Explosivos”.
Se enfrenta a penas de hasta 10 años de cárcel
La Fiscalía pide para el agente de la Guardia Civil cuatro años de prisión por delito de cohecho, cinco años y seis meses de cárcel más por un delito continuado de falsedad documental en documento oficial, así como la inhabilitación de seis años para el empleo de cargo público. También se le piden multas de 600 euros y una cuota diaria de 12 euros durante 20 meses.
El juicio comienza el próximo lunes, 21 de octubre, y será un jurado popular, al tratarse de un funcionario público, quien determine si el agente es inocente o culpable de las acusaciones a las que se enfrenta. Varios agentes de la Guardia Civil y diversos mandos del cuerpo, como un teniente coronel, un comandante, tres capitanes o un sargento declararán
