Condenan por homicidio imprudente a los organizadores de una batida, al cazador y al ayuntamiento propietario del coto

El juzgado de Arenys de Mar, en Barcelona, ha sentado precedente en derecho penal al encontrar responsables por homicidio imprudente, además de al que efectuó el disparo, al cap de colla o jefe de grupo de una batida organizada en 2014 donde murió un cazador.


 Batida
Batida

La figura del cap de colla es la encargada de organizar la cacería, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad. Así lo recoge la normativa catalana en materia de caza. Y esto es lo que ha llevado a responsabilizar al cap de colla o jefe de grupo y a quien le asistió colocando una línea de puestos de la muerte de uno de estos cazadores.

Hechos condenados

La sentencia recoge los testimonios de los testigos, que describen el comportamiento de este cap de colla como «con total desatención» de sus obligaciones y sin «la más elemental diligencia». La sentencia deriva, en parte, del hecho de que este responsable de la batida no informó a los postores de las normas de la misma. Así mismo, también se recoge que encargó a otro compañero la colocación de 14 posturas.

La responsabilidad recae en el cap de colla, puesto que el cazador encargado de estas 14 posturas, según refleja la sentencia, no estaba capacitado para esta labor. El texto de esta sentencia recoge esta colocación de los cazadores como: «algunos estaban más adelantados o retrasados respecto del resto, con el consiguiente peligro para la vida de los mismos».

Responsabilidad de la muerte del cazador

El trágico resultado ese día fue la muerte de un cazador, al que otro condenado por homicidio imprudente alcanzó con un disparo en las piernas, afectando a la arteria femoral izquierda. El cazador murió desangrado. El acusado, ahora condenado por homicidio imprudente. No podrá tener acceso a armas durante 12 meses.

Además, el ayuntamiento de Fogars de la Selva, propietario de los terrenos donde se cazó aquel día, ha sido condenado como responsable civil subsidiario. La condena les obliga a pagar 450.000 euros a los familiares del fallecido, de los que el seguro del cazador pagará la mayor parte, mientras que el ayuntamiento se hará cargo del pago de 50.000 euros.

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