La Junta indemniza a un cazador con 9.261€ al que decomisaron un lobo que posteriormente fue robado

Abatió un lobo en un aguardo en la Sierra de la Culebra, pero la Guardería Medioambiental lo requisó por considerar que fue en día de fortuna por nieve. Tras una larga batalla judicial, el cazador demostró que cazó el cánido de manera legal, pero en ese momento comenzó la verdadera pesadilla.


 Lobo
Lobo

Un cazador abatió un lobo en la Sierra de la Culebra, en el coto de Figueruela de Arriba. Fue un aguardo realizado el 28 de febrero de 2013. Fue poco antes de las 8 de la mañana. Tras conseguir abatirlo, las mediciones arrojaron una altura a la cruz de 74,5 centímetros, una longitud de un metro y tres centímetros y 35 kilos de peso.

Requisado por considerar ‘día de fortuna’

En ese momento comenzó un proceso a través del cual el cuerpo del lobo fue requisado por la Guardería Medioambiental.

Los guardas denunciaron al cazador por considerar que había abatido al lobo en un día de fortuna debido a la nieve. Una infracción grave que fue castigada con 437,25 euros de multa, con la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación por un año para obtenerla.

¿Cuánta nieve cubría el suelo?

Pero el cazador, un riojano que responde a las iniciales R. V. M. recurrió tal expediente sancionador y el asunto ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia. En la sentencia de este Tribunal, se recogen las distintas versiones de la altura de la nieve en el suelo del terreno donde se cazó el lobo: la Guardería aportó datos con 25 centímetros, mientras que el agente de campo midió 11 centímetros en el punto más alto y 4 en el más bajo.

Ante esto, la defensa argumentó que la Junta midió allí donde la vegetación llevaba la nieve a más altura, concretamente «donde había escobas», y añadió que ese mismo día otro lobo pasó por el mismo lugar y sus huellas demostraron que en su escape no dejó ningún arrastre de nieve, por lo que no se vio limitado por la cantidad de nieve que había en el suelo.

El Tribunal le dio la razón al cazador

Tras el juicio, el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón al cazador, lo que le llevó a pedir la devolución del dinero desembolsado por aquella cacería más intereses, además de la devolución de la pieza de caza.

La sorpresa que se llevó este riojano a la hora de recuperar su lobo fue mayúscula cuando el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, en lugar de devolverle el animal, remitió esta carta a su abogado:

El congelador falló

«La citada pieza de caza, una vez decomisada, fue entregada el día que se abatió al agente medioambiental jefe de comarca de la Reserva de La Culebra quien, siguiendo la cadena de custodia, la guardó convenientemente vigilada en la cámara frigorífica existente en las dependencias de la oficina de la Reserva en Villardeciervos. Sin embargo, el 6 de mayo de 2013 la cámara frigorífica sufrió un fallo en el suministro eléctrico y, en consecuencia, todos los cuerpos de piezas de caza almacenados (entre ellos varios lobos) sufrieron un proceso de descongelación irreversible e incompatible con una nueva congelación, por ello se optó por guardar sólo las cabezas (trofeos de caza), llevándoselas el día 11 a las dependencias (almacenes bajo llave) que la Junta de Castilla y León dispone en el monte El Casal, de Tábara».

La cabeza fue robada del almacén de la Junta

El cazador se resignó a recuperar tan solo la cabeza de su lobo, pero esto también sufrió un giro inesperado, al reconocer los funcionarios de Medio Ambiente en un informe que dicho almacén «sufrió un robo con fuerza» en 2015.

En este robo, fueron sustraídas cinco cabezas de lobo, una de corzo y dos de ciervo, casi todas ellas decomisadas. Tras la denuncia del robo, la Guardia Civil de Tábara no consiguió que las investigaciones le llevaran hasta el o los culpables, y las cabezas de los animales guardadas en este almacén no se recuperaron.

Su abogado reclamó el valor del lobo

El representante legal del cazador reclamó a la Junta de Castilla y León una compensación económica por el valor del trofeo del lobo de su representado. En la denuncia incluyó el «quebrantamiento de las obligaciones asumidas por la Junta». Y es la propia Administración Autonómica la que estipula el valor de este animal en 9.261 euros.

De nuevo, fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que obligó a la Junta a indemnizar al cazador en un plazo de tres meses. Así acabó una larga batalla que comenzaba más de seis años atrás.

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