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Granada

Se celebraron las Jornadas sobre el Régimen Jurídico de las Armas de Uso Civil

El pasado 5 y 6 de junio se celebraron en Granada, bajo el amparo y en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, unas jornadas técnico-jurídicas sobre el régimen jurídico de las armas de uso civil.

16/06/2019 0:14:52 | CdC | Archivado en:  Andalucía.

Jornadas sobre el Régimen Jurídico de las Armas de Uso Civil

Contaron con la participación de un amplio elenco de especialistas en la materia, los cuales, en los dos días que duraron las ponencias, tuvieron la oportunidad de compartir problemas y propuestas de solución en numerosos aspectos que atañen a la fabricación, comercialización, tenencia y uso de las armas de uso civil.

El acto inaugural de las Jornadas corrió a cargo de una mesa conformada por las siguientes autoridades:

— Excmo. Sr. D. Rafael López Cantal, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada.

— Excma. Sra. Dª Inmaculada López Calahorro, Subdelegada del Gobierno en Granada.

— Excmo. Sr. D. Santiago Caballero Mendaña, General de Brigada de la Guardia Civil.

— Ilmo. Sr. D. José Rogelio Muñoz Oya, Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía.

— D. Jorge Ganzarain Aguirrezabala, Presidente de la Asociación Armera.

La Asociación Armera se felicita de la celebración de estas Jornadas, pues se trata de la primera puesta en común, desde un punto de vista técnico-jurídico, de una materia, las armas de uso civil, que cuenta con muy parco estudio doctrinal. En su intervención inaugural, el Presidente de la Real Academia, D. Rafael López Cantal, hizo mención a la necesidad de consenso entre los agentes y sectores implicados en aras de la legitimidad de las leyes por lo que congratuló a los presentes por ese esfuerzo de puesta en común de ideas.

El Presidente de la Asociación Armera, D. Jorge Ganzarain puso el énfasis en la necesidad de consenso en la reglamentación de esta materia, en la que confluyen intereses variados: el interés de un sector económico, representado por la industria y el comercio de la armería, el interés de deportistas y aficionados, representado por cazadores, tiradores y coleccionistas y el interés común de la seguridad pública. Sin olvidar a los indirectamente afectados: agricultores, ganaderos y habitantes de la España rural.

Apuntó también la necesaria actualización de una norma, como el Reglamento de Armas, que, sin apenas modificaciones desde el año 93, ha sido superada por la realidad social, tecnológica y económica.

Añadió Jorge Ganzarain que hay que tener en cuenta que los factores que amenazan la seguridad han dejado de ser específicos de cada país; Europa comparte riesgos en materia de seguridad y debe también compartir soluciones en aras de combatir con unidad de criterio la delincuencia y el terrorismo. Por este motivo es, también, fundamental aproximar legislaciones entre Estados Miembros.

Abiertas las Jornadas, intervinieron en una primera mesa redonda sobre el sistema español de prevención:

Dña. Roser Martínez Quirante, Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en el Derecho de las armas de fuego. Hizo una brillante exposición de dos modelos contrapuestos en materia de tenencia de armas, el americano y el europeo, antecedentes históricos que han llevado a la gestación de cada uno de ellos y pros y contras de cada modelo.

D. Fernando García-Mercadal y García Loygorri, General Auditor Asesor Jurídico de la Guardia Civil, y D. Manuel Luna García, Comandante de la Guardia Civil, expusieron, en unas ponencias muy didácticas, las potestades administrativas de policía sobre la tenencia y uso de armas, y las de control sobre la industria y el comercio armeros.

La segunda mesa redonda versó sobre la normativa internacional y comunitaria y en ella intervinieron:

D. Juan Manuel García Labajo, General Consejero Togado, explicó los antecedentes y contenidos de la norma que regula el orden mundial sobre la materia: el Protocolo de Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.

D. Víctor Fabregat, Secretario General de la Asociación Europea de Armerías, compartió su experiencia en la gestación de la nueva Directiva de Armas comunitaria, en cuya tramitación ha participado activamente en representación del sector comercial.

Explicó los principios generales que marcan la actividad legislativa en Europa, los cuales, recomendó encarecidamente fueran seguidos a la hora de legislar sobre armas en España. Se refería en concreto:

— Al principio de mínima regulación: no legislar sobre cuestiones que no suponen un problema de seguridad.

— A la necesidad de estudiar en profundidad el impacto económico de cualquier modificación del Reglamento de Armas.

— Al principio de protección de nuestras PYMES, que son el motor de la economía de Europa.

— A no olvidar el principio fundamental de la Directiva, que es facilitar el comercio de armas entre Estados Miembros.

— A dedicar los recursos de nuestras policías a combatir los verdaderos problemas de seguridad que nos afectan, tratando de no dispersar recursos en cuestiones que no suponen un problema, como son los cazadores, comerciantes y fabricantes.

D. Eugenio Ruiz Trillo, Teniente Coronel de la Guardia Civil, dedicó su interesante ponencia a la trasposición pendiente de la Directiva. Su experiencia en la tramitación de la misma en Bruselas en representación de España, hizo que ofreciera a los asistentes una visión muy completa del panorama actual.

En la última mesa redonda, sobre actualización y mejora de la reglamentación participaron:

D. Santiago Caballero Mendaña, General de Brigada de la Guardia Civil, que expuso sus proposiciones concernientes al interés de la seguridad pública. Hizo un análisis pormenorizado de las normas que, previas al Reglamento actual, han servido de base para éste y habló de las nuevas amenazas para la seguridad concluyendo que el nuevo Reglamento de Armas, debido a su habitual larga vigencia, debe tratar de ser lo más moderno posible y recoger estos nuevos retos para la seguridad.

A continuación, tomaron la palabra diferentes representantes del sector armero, cazadores y tiradores:

Doña Marta Gómez, Gerente de la Asociación Armera, dedicó su ponencia al principio de seguridad jurídica, principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, argumentando que el Reglamento de Armas conculca en alguno de sus preceptos el principio de seguridad jurídica, por su falta de claridad, concreción y definición de conceptos.

Concluyó que el Reglamento debería ser modificado en aras de una mayor determinación y definición de sus contenidos porque ciudadanos y operadores económicos deben saber a qué atenerse, la seguridad genera confianza y la confianza inversiones.

D. Alex Aranzábal, Director de Aguirre&Aranzabal, expuso la conveniencia de acabar con los límites existentes en el Reglamento al número de armas de la categoría 3ª2 (escopetas y carabinas calibre 22) que se pueden poseer, argumentando que no existe tal límite en el caso de armas de la categoría 2ª2 (rifles), siendo éstos potencialmente más peligrosos a nivel de seguridad ciudadana. Apuntó, sin embargo, que tras años de vigencia del Reglamento, esta falta de límite a la posesión de rifles no ha generado problema alguno a la seguridad.

Debatió también sobre la conveniencia de modernizar las medidas de seguridad en fábricas.

D. Jorge Ganzarain expuso los graves problemas a que se enfrentan los operadores económicos para el transporte de armas y municiones y pidió una flexibilización en esta materia. Trató también el problema de los campos de tiro eventuales y explicó cómo, sin tratarse de una actividad generadora de accidentes, sino todo lo contrario, un cambio normativo supuso la desaparición de esta práctica tan arraigada en España.

D. Iñigo López Barinagarrementería, Director Comercial de Ardesa, debatió sobre el régimen jurídico de las armas lúdicas deportivas, pidiendo que la regulación sobre las mismas, contenida ahora en una Orden Ministerial, se integre en el nuevo Reglamento de Armas en la categoría que por definición les corresponde, el aire comprimido.

Abordó también el problema de las armas de alarma y señales, conocidas como detonadoras en España, pidiendo una estandarización de nuestra legislación con la del resto de Europa. La Directiva ofrece ya soluciones de obligado cumplimiento para evitar la transformación de las mismas en armas reales por lo que éstas han dejado de ser un problema para la seguridad. Argumenta, además, que en una Europa sin fronteras no puede mantenerse semejante disparidad de legislaciones: prohibidas en España y libres en Francia, Italia….

Doña Jorgina Elías, Directora Jurídica de Gamo, dedicó su ponencia al aire comprimido, propuso la creación de una sola categoría, las armas de aire, muelle o resorte de escasa potencia, recogidas todas en la categoría 4ª, armas de aire comprimido, sin distinción por sistema de disparo, con una única tarjeta que las documente y con validez en todo el territorio nacional. Propuso, además, que aquéllas que generen una potencia inferior a 0,5 julios queden fuera del ámbito del Reglamento.

También se refirió a la categoría 3ª3, armas de aire comprimido de más de 24.2 julios, exponiendo la necesidad de establecer un régimen jurídico claro que evite las confusiones que ahora se producen en la interpretación de determinados preceptos del Reglamento. Las carabinas de más de 24,2 julios se asimilan a las escopetas en su régimen de tenencia al necesitar su poseedor una licencia tipo E, pero no pueden ser asimiladas a las escopetas (arma de fuego) en el resto de cuestiones (transporte, medidas de seguridad para su almacenamiento, etc.) si el Reglamento no lo establece expresamente.

D. Juan Carlos Soto del Castillo, Asesor Jurídico de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, expuso sus propuestas de modificación del Reglamento de Armas en aras de permitir a nuestros deportistas entrenar y competir en igualdad de condiciones que los deportistas europeos. Argumentó que la Administración encargada de la redacción del reglamento debe sentarse con la Real Federación de Tiro, conocer las necesidades de nuestros deportistas y regular en consecuencia.

D. Ignacio Benito, socio del despacho Cremades-Calvo Sotelo y colaborador de la Fundación Artemisan, puso de relieve la importancia de la caza no solo para nuestro PIB, sino también para la conservación de ecosistemas que, de no existir la caza, desaparecerían. Aprovechó para proponer algunas propuestas de modificación del reglamento que nos permitan potenciar nuestro turismo cinegético derribando las barreras burocráticas que lo coartan en algunos aspectos.

Los debates que se abrieron tras las mesas redondas fueron muy interesantes:

Se ofreció un dato trascendente: en España se producen al año unas 260 muertes por armas, de las cuales sólo 60 se producen con armas de fuego y de esas 60, 30 se trata de suicidios. Se deduce de esta estadística que las armas de fuego en España no constituyen un problema de seguridad acuciante.

Otro dato que se puso de relieve es que no solamente en EEUU hay muchas armas, en Europa hay gran cantidad de armas de fuego en manos de civiles y, sin embargo, esta circunstancia no constituye problema alguno para la seguridad. No se tiene constancia de la utilización de armas deportivas en la comisión de delitos violentos o actos de terrorismo. Son las armas ilegales las que suponen un problema.

Consecuentemente con esta afirmación se lanzó la pregunta: ¿Cómo pasa un arma legal a ser ilegal?

Se apuntaron dos fuentes fundamentales:

— La reactivación de armas deficientemente inutilizadas: sin embargo, la nueva regulación europea sobre inutilización está en vías de solucionar este problema.

— Las armas procedentes de las antiguas Repúblicas Soviéticas y de la guerra de los Balcanes.

En conclusión, las armas deportivas en manos de cazadores y tiradores no constituyen un problema para la seguridad ciudadana.

El sector armero y el colectivo de cazadores y tiradores intervinientes en las Jornadas no abogan por una americanización de nuestro sistema, sino por conservar nuestra regulación tradicional, corrigiendo aquéllos aspectos que, sin comprometer el interés de la seguridad ciudadana, flexibilicen la labor de operadores económicos y deportistas.

 

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