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El Tribunal Superior traslada al Constitucional el blindaje de la caza en Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) está a la espera de que PACMA, la Junta y el Ministerio Fiscal se pronuncien sobre una posible inconstucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza aprobada recientemente y tras la anulación de la normativa anterior.

23/05/2019 16:14:48 | CdC | Archivado en:  TribunalesCyL.

Caza Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ordenó la suspensión de la actividad cinegética en la comunidad hace tres meses, vuelve a considerar inconstitucional la Ley de Caza y la traslada al Tribunal Constitucional. La Sala aún tiene que resolver el recurso de reposición interpuesto por la Administración Autonómica. PACMA ya da por supuesto que el Alto Tribunal presentará una supuesta inconstitucionalidad. Los hechos ocurren meses después de que el partido animalista presentase una denuncia que logró la suspensión de la caza en toda la comunidad autónoma.

La modificación de la Ley de Caza podría impedir que la Administración ejecute y cumpla la anterior resolución que se suspendía la caza en Castilla y León, y condicionar así el recurso contra la suspensión interpuesto por la Administración.

La respuesta de PACMA

A través de un comunicado en su página web, PACMA asegura que está «un paso más cerca de conseguir la prohibición de la caza en Castilla y León» Los argumentos que aportó esta entidad en febrero son altamente desmontables por una cuestión de regulación y sostenibilidad ambiental: «la fauna silvestre, el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección, está en peligro por la práctica de la caza», aseguró este partido, que dice conocer y velar por el medio ambiente.

Las faltas de respeto también se suceden en el comunicado: «hemos llevado a los tribunales la violenta actividad de los cazadores que desde PACMA llevamos años denunciando» es otra de las frases recogidas en la nota. Asimismo, el partido asegura que está «poniendo a prueba» a todos aquellos «que sustentan políticamente a los cazadores, y demuestra que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León trabajan para preservar las actuaciones ilegales de la Junta de Castilla y León en materia de caza», aseguran.

 

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