El jefe de la Intervención de Armas acusado de negociaciones prohibidas es declarado no culpable

Ha sido un jurado popular quien ha determinado para el caso del que fue jefe de la Intervención de Armas de la Comandancia de Valladolid, José Manuel Zamora  Plaza, que no es culpable de las negociaciones prohibidas de las que era acusado. Se le acusó de actuar como intermediario entre aquellos titulares de armas entregadas al Instituto Armado para la posterior subasta y nuevos adquirientes. Te recordamos todos los detalles en Club de Caza.

Tres jornadas de juicio

Después de un total de tres jornadas de juicio que tuvieron lugar hace dos semanas durante el viernes y el pasado martes en la Audiencia de Valladolid y posteriormente el miércoles, la presidente del tribunal será quien entregue el objeto del veredicto al jurado popular con seis votos a favor y tres en contra.

El pasado jueves emitió el veredicto de no culpable al considerar tal y como postulaba la defensa que la conducta del encausado no cuenta con los requisitos del tipo penal por el que ha tenido que acudir a juicio. No se ha demostrado además que esta persona obtuviese beneficio o ventaja alguna en el supuesto papel de intermediario.

Supuesto del 2012

Una vez eso sea resuelto y comunicado el veredicto de forma oficial, la actuación de este agente queda circunscrita al ámbito administrativo en el que se tendrá que verificar si realmente cometió o no una infracción grave tras no acometen la ley en una circular de 2012. En esta se determina que las armas cuya puja en subasta hayan quedado desiertas han de ser reducidas a chatarra y, además, está plenamente prohibido a los agentes de las intervenciones licitar para sí las mismas o actuar como mediadores entre propietarios de aquellas que se hayan depositado en la comandancia para la subasta y las personas que se hayan interesad en ellas.

Veredicto del jurado

En cuanto al veredicto del jurado es conforme a lo que solicitó en su día el letrado del guardia y corrobora también con la postura del fiscal del caso que mantenía su petición de un año y tres meses de prisión sumado a una multa de 3.600 euros, así como la inhabilitación del agente por un periodo de cuatro años y medio.

Más concretamente, el acusador público entendía que el presunto autor había cometido un delito de negociaciones prohibidas a funcionario en referencia al momento en que se produjo una transferencia de las escopetas y rifles en los años 2016 y 2017 algo que regía la referida circular que le impedía tomar partido en las subastas de armas y ejercer un papel de mediador entre ambas partes.

Reconocimiento de los hechos

El propio Guardia Civil por iniciativa propia ha reconocido que en su día se dedicó a contactar con los dueños de rifles y escopetas con el fin de proponerles que pasasen a sus propias manos, las de un hermano suyo o incluso las de tres amigos, en el último de los casos a modo regalo ante su consideración de colaboradores del cuerpo, algo que no comparte el fiscal.

Visita a domicilio

Para el Fiscal del caso tampoco era coherente que no solo llamase por teléfono a los propietarios, sino que además se personó en sus domicilios haciendo uso del uniforme, a su vez formalizando las transferencias en la no Comandancia y a presencia de las dos partes interesadas en el asunto, algo que debiera ser lo lógico y realmente la práctica habitual, sin embargo, se realizaba incluso en algún bar.

Supuesto disciplinario

Para el letrado de la defensa, la conducta de su cliente es un “supuesto disciplinario” que debe dirimirse en el seno de la propia Guardia Civil desde el punto de vista administrativo teniendo en cuenta que no obtuvo un enriquecimiento ya que las armas se transfirieron a modo de obsequio. Esta información fue corroborada por los nuevos titulares en el juicio, entre ellos el propietario de una armería y una galería de tiro empleada por la Guardia Civil para realizar las practicas.

Absuelto años atrás

Este agente fue ya absuelto años atrás, concretamente en enero de 2016 en el mismo escenario, la Audiencia Provincial, por un delito de prevaricación por paralizar una solicitud en el año 2013 de renovación de licencia de caza que presentó un cazador. La Fiscalía y la acusación particular solicitaban para el guardia su inhabilitación durante siete años y medio y diez años.