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La ONC reivindica la prioridad de la caza fijada en el proyecto de la Ley de Caza de Castilla y León

La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) ha formulado alegaciones al anteproyecto de Ley de Caza de Castilla y León de la mano y de forma complementaria a la Federación de Caza regional, al tiempo que ha defendido que se dé prioridad en los aprovechamientos de los espacios públicos y privados a todos aquellos que generen riqueza, apoyando especialmente a los propietarios y a los usos tradicionales.

23/01/2020 11:50:54 | CdC | Archivado en:  CyLLegislaciónONC.

Caza Castilla y León

En este sentido, la ONC considera que toda la normativa que se está desarrollando puede y debe ser compatible a lo largo del año con el ocio de colectivos cada vez más activos en el medio natural, siempre que se respeten las normas y la propiedad y que se actúe con civismo, teniendo muy clara, cual es la diferencia entre uso y aprovechamiento.

El presidente la ONC, Felipe Vegue, ha mostrado la indignación y preocupación del sector por la situación de hostigamiento y acoso injustificado que viene sufriendo una actividad legítima y legal como la caza. La ONC recuerda que la Administración debe velar por la compatibilidad y ejercicio ordenado de cualquier actividad y parece lógico que ocupando una cacería de mayor un solo día al año de 364 y siendo los cazadores los únicos que pagan por la utilización de ese medio, tengan prioridad y se les respete en dicho aprovechamiento.

Para esta entidad, es imprescindible apostar por la coordinación de todos los colectivos interesados en la ordenación de las aprovechamientos y usos de los montes, siempre teniendo en cuenta la prioridad de la caza como uno más de los aprovechamiento forestales necesarios ,para rentabilizar explotaciones y propiedades.

En esta línea la ONC ha recalcado en sus alegaciones que la caza tiene a día de hoy una función social innegable, y que gracias a la misma se aminoran y minimizan daños a la agricultura; se reducen los accidentes de tráfico; se mitigan los daños ecológicos a la cubierta vegetal; se avanza en la lucha contra enfermedades animales; se genera riqueza; y se fija población en el medio rural.

Otro aspecto importante de este proyecto legislativo es el que se refiere a la carga burocrática. Para la Oficina Nacional de la Caza es necesaria una mayor simplificación, ya que una mayor carga administrativa no lleva implícita una mejor ordenación cinegética, sino que –al contrario— se producen numerosas duplicidades.

En cuanto a una de las novedades de la norma, el nuevo registro de capturas online, que debe llevar a cabo el cazador tras cada lance, la ONC considera necesario reflexionar sobre el modelo que se propone y sus grandes dificultades de implantación. Así, es necesaria una fase previa de estudio pormenorizado sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema que se plantea. Por eso, la Oficina Nacional de la Caza cree que esta ley debe recoger la participación voluntaria de los cazadores en el sistema de registro telemático de capturas, y que este se actualice al finalizar la jornada y no después de cada lance. La posible obligación de cazar con el smartphone operativo afecta directamente a un valor incuestionable de la caza que es la libertad.

Por otro lado, se destaca la gran cantidad de datos sobre especies existentes, y la necesidad de que la Administración se dote de los recursos, personas y medios necesarios para abordar el desafío de la presión animalista. La administración autonómica «tiene que reaccionar», ha destacado el presidente de la ONC.

Por eso, la Oficina Nacional de la Caza ha alegado también sobre el régimen sancionador. Para la entidad, en dicha Ley se tienen que incluir de forma expresa y como hechos sancionadores los actos de acoso, violencia y obstrucción de cacerías, hechos cada vez más frecuentes especialmente ante la deriva integrista y violenta del animalismo radical.

Por último, la ONC defiende una armonización legislativa en todo nuestro territorio para evitar situaciones de inseguridad jurídica a los cazadores de otras autonomías que se desplacen a Castilla y León. Para ello plantea modular las definiciones de gancho y de rehala, para tratar de igualarlas al resto de normativas no sólo cinegéticas, sino también de sanidad animal.

 

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