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Medio Ambiente no dará más permisos para capturar aves cantoras

Se acabó. La Comunidad Autónoma no concederá más permisos para capturar aves cantoras. Lo confirmó el pasado lunes la directora general de Medio Natural, Consuelo Rosauro, durante el Consejo Asesor de Caza. Así que este año supone el fin de una de las prácticas que más echarán de menos los silvestristas: salir al campo antes del amanecer, colocar el reclamo, tender la trampa, aguardar pacientemente, tirar de la cuerda y recoger el jilguero o el pardillo atrapado en la red.

10/06/2018 | La Verdad | MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Medio Ambiente no dará más permisos para capturar aves cantoras El ultimátum de la Comisión Europea ha pesado más que una tradición de gran arraigo en el Levante y Andalucía, pero que es ilegal según la Directiva de Aves. Esta norma comunitaria únicamente permite las capturas de aves silvestres «para fines de investigación o de enseñanza, de repoblación y de reintroducción, así como para la crianza orientada a dichas acciones». Supuestos que no encajan con el silvestrismo -adiestramiento de pájaros de pequeño tamaño para el canto-, así que la cría en cautividad es la única salida ahora para un colectivo de unas 1.500 personas en la Región y 40.000 en toda España.

Medio Ambiente tenía previsto conceder este año las últimas autorizaciones de captura, para finales de julio y un máximo de 1.530 ejemplares, pero la amenaza de Bruselas ha precipitado el fin de los permisos. «El año pasado fue el último, y de forma excepcional, en que se permitió la captura en vivo de fringílidos, y solo hembras, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, para permitir la creación de una población en cautividad suficiente que haga posible la cría en cautividad o la viabilidad genética de las poblaciones que se encuentran en 'stock'», ha explicado a 'La Verdad' un portavoz de la Consejería.

Pese a las reticencias de los silvestristas, un comité científico convocado por el Ministerio aseguró que la cría en cautividad es viable y además ya está extendida.

La Comisión Europea comenzó a investigar en 2011 a España y el Gobierno central pidió un tiempo de adaptación para crear una población suficiente en cautividad que permitiese mantener el silvestrismo, con una reducción progresiva de las capturas hasta 2018. Pero la CE detectó el año pasado irregularidades en la aplicación de estas directrices técnicas e inició un procedimiento de infracción por entender que se seguía vulnerando la Directiva de Aves y no se controlaban adecuadamente las capturas. Y hace unas semanas llegó un requerimiento urgente: la advertencia de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si en dos meses no cesaban las capturas.

«No se está poniendo por parte de las administraciones públicas un verdadero empeño (...) y las excepciones a la normativa de la UE parecen destinadas a la continuación de dicha práctica a largo plazo», acusa el dictamen motivado de las autoridades europeas. «España -añade- utiliza el periodo transitorio hasta 2018, autoconcedido con arreglo a las directrices técnicas, no con el fin de establecer un programa ambicioso de cría en cautividad, sino para mantener las prácticas recreativas tradicionales de capturar fringílidos silvestres, algo inaceptable».

Mientras que comunidades como Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y País Vasco habían dejado de autorizar capturas, la Comisión Europea lamentaba que Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no lo hubieran hecho todavía.

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