No se va a prohibir la caza con reclamo
Cuando a finales de febrero llegó a mis manos el último borrador de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no podía creer lo que leía. El encabezamiento de uno de sus artículos del capítulo dedicado a la caza y a la pesca decía exactamente: «Se prohíbe la caza con reclamo».
Esta frase de 25 letras se cargaba de un plumazo varias modalidades de caza tan populares como ancestrales, concepto éste último que importa poco a estos políticos desarraigados y de asfalto. Adiós a la caza de palomas con cimbel, a la utilización de cimbeles pateros, vivos o sintéticos. Adiós al empleo de cualquier reclamo bucal para el pato, el zorzal o el venado. Adiós por supuesto a la caza —perdón, captura, y sin muerte— de fringílidos con red y liga, que exige el auxilio de reclamos enjaulados y de cimbeles vivos. Y adiós a la caza de perdiz con reclamo, que sólo en Andalucía tiene cerca de 30.000 aficionados. Este artículo creó, lógicamente, muchísima alarma social entre los cazadores porque esta ley, cuando se apruebe, será de obligado cumplimiento para todas las autonomías. ¿Cómo es posible que el Consejo Asesor de Medio Ambiente no haya un solo representante de los cazadores o de los propietarios rurales, que siempre son los grandes perdedores cuando se legisla sobre la naturaleza? Pues así es. La única agrupación que sí pertenece a este órgano y puede compartir nuestra filosofía y nuestros intereses es ASAJA, la que casi siempre nos avisa de los caprichos conservacionistas del ministro o ministra de turno. Eso sí, el Consejo Asesor está lleno de grupos conservacionistas, de sindicatos y de colegios profesionales, que curiosamente nunca exponen nada, ni terrenos ni aficiones. El día 22 de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente había convocado una reunión para presentar alegaciones al borrador, que ya se conocía desde junio. Por supuesto, ni propietarios ni cazadores estábamos invitados. El mundo de la caza protestó y tanto la Federación como Aproca recibieron sus correspondientes invitaciones, no así la Oficina Nacional de la Caza. En el encuentro, el Secretario General de Biodiversidad, Antonio Serrano, tuvo la desfachatez de decir al grupo de «marginados» —léase Aproca y Federación— que siempre se les había invitado, pero nunca habían venido. Una de las dos personas que nos representaron en esa reunión me comentó que se habían sentido desubicados, desplazados, incomprendidos, atacados por todos los frentes. Todos, sindicatos, ecologistas, colegios profesionales, universidades, haciendo una piña contra ellos. Incluso, terminada la reunión, en la que cada cual expuso sus alegaciones, una conocida abogada ambientalista manifestó a uno de nuestros representantes que por fin habían logrado «cargarse el reclamo». Sin embargo, ya las comunidades autónomas, sobre todo la Andaluza, habían advertido al Ministerio que prohibir la caza con cualquier reclamo no estaba justificado en ninguna directiva europea. Y además —esto me lo imagino yo— que las elecciones estaban cerca. Así que la famosa frase ha desaparecido del último borrador y las pocas cosas que afectan a la caza ya se decían en la Ley 4/89 de Espacios Naturales, que quedará derogada. Lo único que me preocupa es que Medio Ambiente podrá «establecer moratorias temporales y prohibiciones especiales cuando razones de orden biológico o sanitario lo aconsejen» en base a unos informes que elaborará la «Comisión Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad», que mucho me temo que será más ideológica que técnica, por no decir anticaza.
