Irresponsabilidades

Dice el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que nuestra clase política es desde hace unos meses el tercer problema más importante para los ciudadanos, sólo superado por el paro y la situación económica.


Mal panorama se nos presenta, si quienes deberían hacer frente a los problemas que plantea la gestión de la ‘cosa pública’, que para eso son elegidos y de ello viven, son considerados un problema en sí mismos. Y es que algunos, sin necesidad de que nos adentremos en el pantanoso terreno de las corruptelas y/o el tráfico de influencias, hacen méritos más que sobrados en una demostración de flagrante irresponsabilidad. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, esto es, el presidente de todos los gallegos, hace no mucho, a micrófono abierto y en su presidencial calidad, ha puesto en duda la legalidad de la caza. Como quien no quiere la cosa. A propósito de la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros en aquella comunidad, y flanqueado por el presidente de Canarias, donde también está prohibida la llamada fiesta nacional, el pasado 28 de julio le dio por filosofar ante los medios de comunicación: «¿La caza es legal? ¿Se puede cazar? ¿No se puede cazar?… Hay que reflexionar y ser un poco más serio». ¡Un poco más serio! Y lo dice él, que como político debería medir mejor sus palabras y saber exactamente qué es lo que está diciendo. Porque según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, legal es, en su primera acepción, algo «prescrito por ley y conforme a ella», en tanto que ilegal, que es lo que viene a plantear a estas alturas el señor Núñez, no sabemos muy bien a santo de qué, queda definido como aquello «que es contra ley». ¿Contra cuál de las leyes vigentes en España va la caza? ¿O es que, acaso, le parece que la caza no está suficientemente reglamentada? Evidentemente, la caza es, además de legal, necesaria, como bien le han recordado a don Alberto tanto la Unión de Tecores de Galicia como la Asociación de Productores de Caza, y si no lo ve claro desde las ventanas de su despacho que se de una vuelta por los verdes montes y los feraces campos y les pregunte a los agricultores y ganaderos de su comunidad si habría que prohibir la caza, es decir, si habría que ilegalizarla. Y en tal caso que les explique qué haría para controlar las poblaciones de animales salvajes a gusto de todos. ¿Se trata de un simple exceso verbal, inducido por el posicionamiento de su partido respecto de las corridas de toros y para contrarrestar una posible pérdida de imagen entre los defensores de los animales? ¿Política al uso, en definitiva? Tal vez, pero en todo caso es una irresponsabilidad y una ofensa gratuita e innecesaria a los muchos miles de cazadores gallegos. También podría tratarse de una simpleza, más propia de un alcalde pedáneo que del presidente de una comunidad en la que viven cerca de tres millones de personas. Porque a modo de preámbulo de tan afiladas reflexiones, el señor Núñez Feijóo hace la siguiente afirmación, también a micrófono abierto y siempre en su presidencial calidad: «Cuando un hombre se enfrenta a un toro y pone en peligro su vida, tiene un poco más de mérito que cuando un hombre coge una escopeta y mata un animal». Razón no le falta en eso de que es más arriesgado ser torero que cazador. Lo que ni siquiera sospechábamos es que la legalidad o ilegalidad de las acciones humanas tuviera que ver con los posibilidades de dejar la vida en ello. ¿Serán legales los tiovivos?
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